La propuesta de reforma electoral de hoy
Las reformas político electorales son relevantes dado que significan cambios en las reglas del juego de la democracia. Dichos procesos de cambio implican transformaciones en cómo las personas acceden al poder, ejercen sus derechos políticos, cómo se delinea la representación política y, consecuencia, determina mucho del futuro político democrático. A pesar de que estas consideraciones supondrían que prácticamente cualquier reforma genera en realidad múltiples cambios que pueden ser positivos o negativos y esto provocaría cautela y precaución en las propuestas, en México se han presentado una gran cantidad de reformas de este tipo prácticamente de manera inmediata a la finalización de los principales procesos electorales.
La trascendencia de tales reformas es tal que, más de un estudioso de la política mexicana las identifica como una de las causas más significativas de la transición a la democracia. Han sido generadoras de cambios positivos, el principal fue el tránsito de un sistema de partidos con un partido político hegemónico y con elecciones solamente para legitimar resultados previamente conocidos hacia un sistemas pluripartidista y con elecciones competitivas. Paradigmáticamente la reforma política de 1977, que permitió más participación política de otros actores en el sistema y que surgió después de que en la elección presidencial de 1976 solamente el PRI presentara candidato, es señalada como el punto de inflexión democrática de la vida política de nuestro país.
Después, la década de los años 90 también fue período de reformas relevantes en la materia, entre las que destaca la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) como un cambio institucional que condujo hacia la autonomía de la función electoral respecto del ejecutivo federal. También destaca la reforma de 2007 en la que se prohibió a candidatos y partidos, adquirir espacios de publicidad en medios de comunicación y se destinaron los tiempos del Estado en radio y televisión para ese propósito. Lo que esto demuestra es
que la historia institucional de la vida política ha apuntado en la dirección de: incrementar la participación política; regular la actuación de partidos como medios para la obtención del poder; mejorar la organización de los procesos electorales y garantizar un modelo óptimo de representación política.
Es pertinente destacar que la mayoría de las reformas político electorales se han presentado, casi automáticamente, después de elecciones nacionales y las propuestas aunque consensuadas entre todas las fuerzas políticas tienen como punto de origen las demandas de la oposición partidista. Por esta razón llama poderosamente la atención que tras la elección presidencial de 2018, la discusión sobre posibles reformas no haya tenido lugar.
Esa ruptura del patrón de reformas electorales no es usual, ni casual. Ahora es, al menos sugerente, que la propuesta de reforma haya llegado hasta ahora 2022 y el creativo sea precisamente el grupo en el poder, el propio presidente de la República. Esto tiene varias lógicas, la imperante es una lógica estratégica para posicionar a otros partidos políticos en temas tan complejos frente a la sociedad como la cantidad de legisladores que integran la Cámara de Diputados Federal.
Uno de los puntos destacados de la iniciativa de reforma político electoral es el cambio radical en la manera de elegir a los diputados. Pasar del modelo actual en el que hay 300 curules elegidos a través de elecciones en distritos uninomimales y 200 por la vía de la representación proporcional distribuidos en igual número por las 5 circunscripciones electorales, hacia la tenencia de solamente 300 diputados y todos elegidos por medio de listas plurinominales locales.
Esta propuesta es nominalmente radical, parte del supuesto de que nuestro sistema de representación está roto y debe ser cambiado. Sin embargo, no hay evidencia de esta tesis. Un rediseño de esta naturaleza generaría consecuencias no deseadas, por ejemplo la subrepresentación. En el caso de entidades federativas de menores dimensiones demográficas, por ejemplo, Tlaxcala, Colima o Nayarit, por mencionar algunos, el número de legisladores se vería disminuido totalmente. Además, dado que las candidaturas o la inclusión en las listas locales está en el área de decisión exclusiva de los partidos políticos, se tendría la consecuencia de desvinculación total con el electorado. En conjunto con estos efectos perniciosos, es probable que los liderazgos locales, obtendrían maximización en sus utilidades políticas y acapararían aún más de los sucede hoy los espacios de participación política.
Desde el punto de vista analítico la reforma pretendida llama la atención. Adicionalmente, la reforma está fuera de tiempo y de las condiciones políticas del grupo político actualmente en el poder, dado que carece de mayorías para generar modificaciones de estas dimensiones incluso constitucionales. Por ello, además de considerar las consecuencias de un proyecto de esa naturaleza, considero que el proyecto de reforma tiene el propósito de posicionar a otros actores políticos en el tema.
La propuesta de reforma electoral de hoy, es disruptiva, es aislada del contexto político y de la historia institucional de la democracia en México. En el futuro, si el tema persiste en la agenda, tendrá que convocar a un diálogo más amplío y horizontal.