Los pendientes del sexenio
Hay un
clima nacional en la política mexicana de una suerte de revisión de los errores y logros cometidos en lo que va del sexenio de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Es probable que las razones estén directamente relacionadas con el proceso sucesorio –iniciado por el mismo– para ver quién será candidato o candidata para la elección en 2024; también puede ser que este ánimo evaluativo esté vinculado con acción estratégica de la oposición política sobre todo para detener algunas de las propuestas recientes como las reformas: eléctrica y políticoelectoral. Sin embargo, esta última explicación parece la menos convincente sobre todo porque la oposición partidista deambula en el terreno de la indefinición y el vacío programático.
Estas dos explicaciones eminenmente políticas sobre la tendencia actual a generar un registro y analizar qué se ha realizado y cuáles son los pendientes, pienso también puede tener un origen genuino entre la población, sobre todo en al contexto actual de dos crisis de dimensiones considerables. Primero en lo económico, dado que la inflación en México (en general en el mundo) afecta considerablemente las condiciones de vida de las personas, sobre todo aquellas que se encuentran en condición de pobreza. Segundo en lo referido a seguridad, dado que los registros actuales de incidencia delictiva siguen siendo altos y los casos de violencia extrema en ciertas entidades federativas (como el caso de Guanajuato) despiertan un interés inédito entre las personas dado que se perciben en riesgos.
Al respecto, seguridad pública parece ser uno de los grandes pendientes del sexenio. Es verídico señalar que las condiciones en que el país se encontraba en 2018 parecían demostrar que –aún con seis años en los que los esfuerzos de política pública y estrategia en la materia hubiesen sido bastos– era muy complicado revertir drásticamente la realidad. No obstante, la tendencia persistió y parecen haber pocas señales que indiquen lo contrario. Quizás el único gran esfuerzo institucional fue la creación de la Guardia Nacional, sumamente criticada por militarizar tareas que deberías estar bajo control civil.
Además, el manejo de la seguridad pública también ha demostrado ensimismamiento político, es decir, unos (aquellos que provienen de diferentes fuerzas políticas) no se comunican con los otros. Esa ausencia de coordinación entre niveles de gobierno ha generado la imposibilidad de contar con control territorial. Así, la Guardia Nacional ha sido insuficiente, las políticas de nivel subnacional (estatales y municipales) también y por tanto la criminalidad persiste en ciertos puntos clave del país.
Lastimosamente el asunto de seguridad pública como pendiente, estará en la agenda de los gobiernos durante los próximos años. Es importante aprovechar el ánimo actual de evaluación y de cierre de logros y pendientes para convocar a una gran conversación pública sobre procesos de pacificación en el país. Es, por demás, indispensable y, ahí, no pueden tener lugar las mezquindades de las oposiciones políticas y tampoco las del gobierno actual.