Los medios viven su periodo más violento
BOGOTÁ. Colombia, a las puertas de elegir a su próximo presidente, vive el periodo electoral “más violento de la última década” contra la prensa, caracterizado por el aumento de la violencia, los discursos agresivos en redes sociales y una falta de respuesta institucional.
Así lo indica un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que también señala un aumento de 59 por ciento en las amenazas contra medios de comunicación y periodistas respecto al mismo periodo de 2018, cuando se celebraron las últimas elecciones presidenciales, en las que fue elegido el actual mandatario, Iván Duque.
Según el informe, entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2022 la FLIP registró amenazas contra 97 medios y periodistas, lo que se traduce en que un reportero ha sido amenazado cada día y medio. Seis de estas amenazas han derivado en desplazamientos forzados y exilios.
De los medios amenazados, 37 son digitales; 30 emisoras y cadenas de radio, 17 de ellas comunitarias; 10 medios televisivos y 5 impresos.
El departamento de Arauca y la región del Bajo Cauca (Antioquia), son las zonas más peligrosas para el ejercicio del periodismo en el país.
“Hay mucha frustración, mucha rabia y creo que Petro capitalizó eso”, dice a la AFP Michael Shifter, profesor de la universidad de Georgetown.
La derecha en el poder llega debilitada. Su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe (20022010), protagonista electoral, está de capa caída por enredos judiciales.
El censo electoral está compuesto por 39 millones 002 mil 239 ciudadanos, pero como la abstención suele ser cercana al 50 por ciento se espera que voten unos 20 millones de colombianos en los 12 mil 263 puestos instalados en todo el país por la Registraduría, entidad que organiza los comicios y que a raíz de las fallas que tuvo en las legislativas del 13 de marzo ha sido blanco de numerosas críticas.
De ganar Petro, elevaría a la izquierda por primera vez al poder en el país, posibilidad que asusta a muchos por su pasado de guerrillero del desaparecido Movimiento 19 de Abril (M19), pero principalmente por su ambigüedad ante determinadas cuestiones políticas y económicas.
Con ese panorama termina hoy una de las campañas más hostiles de los últimos años y en la que el fantasma del fraude fue atizado por los distintos candidatos.
Las fallas en el conteo de votos de las legislativas, que fueron corregidas en el escrutinio definitivo, en el cual el izquierdista Pacto Histórico sumó cerca de 400 mil votos más que los que se la habían adjudicado inicialmente, dejó en el aire la sospecha de irregularidades electorales.
Los principales candidatos le han dado hasta último momento a la tecla de la falta de garantías electorales por parte de la Registraduría, e incluso Petro, que el mes pasado denunció un presunto plan para atentar contra su vida, también habló hace una semana de un supuesto plan del Gobierno de suspender los comicios que lo dan como favorito.
El nuevo duelo entre fuerzas opuestas es la expresión de un país dividido tras la firma del acuerdo de paz firmado en 2016.
Para garantizar la seguridad, el gobierno puso puso en las calles más de 300 mil integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, cuya máxima prioridad será “la protección de los candidatos presidenciales, y de los más de 12 mil 200 puestos de votación.