Por el Tren Maya se acosa a pobladores
El organismos internacional reporta en un informe que hay casos de hostigamiento de las fuerzas de seguridad y expropiaciones ilegales
“La Redesca recibió información de posibles muertes asociadas y tomó especial nota de la muerte de un joven en Campeche”
CDMX. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve con “preocupación” la manera en que se está ejecutando el proyecto del Tren Maya de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador puesto que al buscar que se realice “de cualquier manera” se presentan casos de expropiación ilegales e incluso “acoso y hostigamiento por parte de fuerzas de seguridad contra pobladores que buscan reclamar por sus derechos” humanos y ambientales.
“La Relatoría Especial nota que el presente proyecto se buscaría ejecutarse de cualquier manera, toda vez que de la información recibida resalta que se desprenden casos de acoso y hostigamiento por parte de fuerzas de seguridad contra pobladores que buscan reclamar por sus derechos. Incluso, la Redesca recibió información de posibles muertes asociadas
En las denuncias de las organizaciones ante la relatora se dijo que se planea construir nuevas ciudades y otros “polos de desarrollo”, como parques industriales.
El organismo internacional recogió testimonios que señalan que “no existe una oposición completa al proyecto como tal, por cuanto sería un beneficio para la movilidad en el sector. Sin embargo, reclaman que la metodología y acercamiento por parte del Estado atenta los derechos de los ejidos y otros poblados que ya se encuentran en el territorio”.
Lo que en particular se reclama es que “los procesos de expropiación donde se da paso a las vías del tren no cuentan con procesos de expropiación legítimos y simplemente las personas serían forzadas a salir de sus hogares sin ninguna alternativa culturalmente apropiada”.
Pidió que todas las decisiones se adopten de manera transparente, con una amplia participación del público y proporcionando acceso a la justicia a las personas, comunidades y otras organizaciones interesadas.
Como un aspecto crucial dijo que se debe dar protección a los defensores de los derechos humanos medioambientales. Por lo que “es indispensable que el Estado adopte todas las medidas pertinentes, a fin de que el presente texto del acuerdo no sea un detrimento en la protección a los defensores de los derechos humanos medioambientales y a la pronta investigación y enjuiciamiento de los responsables de amenazas o actos de violencia contra esas personas”.
En el apartado de Emergencia Climática la CIDH urgió a la Cuatroté que tome medidas para proveer de una protección efectiva a las personas defensoras de la tierra y territorio, considerando su rol vital para las acciones climáticas que se puedan realizar.
Por lo mismo dijo que es preocupante que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya confirmado la existencia de más de una treintena de conflictos ambientales de atención “urgente”.
El listado menciona “conflictos atendidos” pero no necesariamente resueltos, como la gestión del agua de los pueblos zapotecos, en Valles Centrales de Oaxaca, la presa El Zapotillo, en Jalisco, la cervecera Constellation Brands y la extinción de la Vaquita Marina en Baja California.
Incluye lo ocurrido en el Parque Nacional Laguna de Zempoala y el Proyecto Integral Morelos. También la disputa en Montes Azules, Chiapas, lo sucedido en Puerto de Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro en Michoacán, además de lo de la presa Los Pilares, y la contaminación del Río Sonora, Sonora, entre otros casos.