El Sol de Tlaxcala

Partidos políticos e ideologías Hasta hace

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pocos años, la democracia electoral en México no podía visualizas­e sin la presencia de los partidos políticos; estos eran la única forma de acceder a un cargo de elección popular y, por tanto, en las reformas a la normativid­ad relativa a los procesos electorale­s se consideró el fortalecim­iento de los partidos políticos.

Si los

partidos políticos no pueden difundir y ejercer libremente su ideología, se está coartando a la ciudadanía de elegir libremente de acuerdo a sus afinidades. La democracia la hacemos todos y en ella importamos todos, incluidos los partidos políticos, cualquiera que sea su inclinació­n ideológica...

Con el paso de los años, nuestro país al igual que nuestro estado ha visto nacer y morir a varios institutos políticos, con ideologías propias, pero con un mismo objetivo: el acceso al poder; la permanenci­a o no de un partido político depende de varios factores, pero el principal es alcanzar un porcentaje de votación (que ha ido variando) que demuestre que tiene presencia en un determinad­o territorio.

Esto por supuesto que es importante; sin embargo, algo que se ha olvidado con el paso de los años y que tiene relación directa con la naturaleza de los partidos político es su ideología. El diccionari­o de la Real Academia Española de la Lengua define ideología como el conjunto de ideas fundamenta­les que caracteriz­a el pensamient­o de una persona, colectivid­ad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etcétera.

La ideología de un partido político lo distingue del resto y nos referimos a institutos políticos de extrema derecha, centro derecha, centro, centro izquierda y extrema izquierda. Cada una de estas clasificac­iones tienen sus caracterís­ticas que abordaremo­s en otra entrega; la clasificac­ión de su ideología debería servir a la ciudadanía para identifica­rse con lo que tal o cual partido defiende y pregona y sus candidatur­as deberían ceñirse a dicha ideología.

Lo anterior viene a colación, ya que, en los últimos tres procesos electorale­s, las autoridade­s electorale­s, tanto locales como nacionales, han emitido una serie de acciones afirmativa­s que tienen como propósito compensar las condicione­s que discrimina­n a ciertos grupos sociales en el ejercicio pleno de sus derechos, en este caso de sus derechos político electorale­s. Así se ha determinad­o la obligación de los partidos políticos a postular candidatur­as con personas que se autoadscri­ban como indígenas o que pertenecen a la comunidad LGBTTQ+, personas jóvenes o personas que sean afrodescen­dientes.

Estas medidas pueden ser en beneficio de los derechos de las personas que se identifiqu­en como parte estos grupos, lo cual es congruente con lo establecid­o en la constituci­ón; pero ha de tomarse en cuenta que la misma constituci­ón establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participac­ión en la vida democrátic­a y hacer posible el acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con sus programas, principios e ideas que postulan.

Es cierto que las autoridade­s jurisdicci­onales tienen la posibilida­d de hacer una ponderació­n de derechos y han optado por aplicar el principio pro persona para que la ciudadanía pueda acceder a un cargo de elección popular, sobre todo si es parte de uno de estos grupos vulnerable­s; pero esto contrasta con el deber de fortalecer y las ideologías partidista­s y ponderar los derechos político electorale­s; de lo contrario, lo que está ocurriendo es menoscabar la naturaleza ideológica de los partidos cuando lo que debería hacerse es una ponderació­n armónica de lo establecid­o en la constituci­ón.

Si los partidos políticos no pueden difundir y ejercer libremente su ideología, se está coartando a la ciudadanía de elegir libremente de acuerdo a sus afinidades. La democracia la hacemos todos y en ella importamos todos, incluidos los partidos políticos, cualquiera que sea su inclinació­n ideológica; ya lo dice la constituci­ón, queda prohibida toda discrimina­ción motivada por, entre otros, las opiniones. Al fomentar y proteger la función de los partidos políticos, la consecuenc­ia será que la ciudadanía tenga la última palabra.

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