Capitular como política sexenal
El militar al que le ordenaron plegarse con sus tropas en el episodio conocido como el “Culiacanazo”, dos años y medio después vuelve a ser protagonista tras bambalinas de otro capítulo de la fallida estrategia de seguridad del actual gobierno.
Al frente de la quinta región que comprende las zonas militares de Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Colima, el general Maximiliano Cruz Ramos, quien logró evadir una emboscada cuando salió del cuartel aquella tarde de octubre del 2019 cuando estaba al mando de la comandancia en la capital sinaloense, podría ser un ejemplo de cómo los mandos militares tuvieron que acatar las órdenes presidenciales sin que importara que el Estado perdiera control en varias zonas del país a manos de la delincuencia organizada.
El área a su cargo acumula ejemplos que retratan de una manera muy nítida cómo la sociedad, los ciudadanos de a pie, comerciantes y prestadores de servicios, están sometidos al designio de los grupos criminales que controlan carreteras y municipios enteros.
Hace unos días el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, denunció que la delincuencia organizada cobra una cuota del 50 por ciento de las ganancias a los párrocos para que puedan realizar fiestas patronales, y si no pagan simplemente no pueden realizarlas.
Monseñor Robles Ortega recordó que en días pasados realizó una visita a unas parroquias en los límites con Zacatecas, y en dos ocasiones fue retenido por un puesto de control del crimen organizado.
Lo mismo le pasó al obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, quien denunció haber sido interrogado y revisado en una visita pastoral a la región que colinda con Jalisco. En la última semana de junio la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que 250 soldados, una compañía en términos militares, serían desplegados como refuerzo a la seguridad en la capital zacatecana, donde se han incrementado las balaceras y asesinatos en los lugares más céntricos.
De poco servirá este nuevo patrullaje militar que se suma al que realiza la Guardia Nacional, donde el rasgo común es que no incide para que bajen los altos índices delictivos que son el sello del gobierno estatal que encabeza el morenista David Monreal Ávila.
Por separado fuentes militares y de la Guardia Nacional señalan que en Zacatecas ocurren dos fenómenos que no se ven con tanta claridad en otros estados del país. El primero es que uno de los grupos criminales identificado como parte de las redes del Cártel de Sinaloa, tendría un acuerdo con las fuerzas armadas para controlar la violencia y “disminuir” los registros de muertos, es decir, balacera que se suscite se “llevan a sus muertos” para que no quede evidencia. El segundo fenómeno es la reacción a este posible acuerdo, el grupo contrario identificado como parte del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, que acusa “traición” de las autoridades zacatecanas, ha reaccionado dejando cuerpos colgados en puentes y ha provocado balaceras en lugares concurridos de ciudades como Fresnillo y la capital zacatecana.
El problema detrás de este posible entendimiento para “ocultar” asesinatos, es que los índices de desapariciones forzadas se han incrementado en los lugares en disputa.