¿Cumplirán la promesa? El Órgano
de Fiscalización Superior (OFS) entregó el viernes pasado a los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, el informe sobre las cuentas públicas de 108 entes fiscalizables respecto del ejercicio fiscal de 2021.
Ese mismo día, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Rubén Terán, advirtió que si alguien “metía las manos” en las cuentas para intentar favorecer a alguien, habría incluso denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece que la Comisión de Finanzas no podrá recibir propuestas de solventación de las observaciones y recomendaciones emitidas por el OFS.
Con ello, queda claro que la actual Legislatura local deberá realizar su trabajo y sancionar, mediante la reprobación de cuentas, a aquellos entes que desviaron recursos económicos públicos, algunos de ellos millonarios que seguramente enriquecieron los bolsillos de particulares y hasta de familiares.
Suena bien la advertencia, sobre todo a sabiendas de que legislaturas pasadas han hecho de la dictaminación de cuentas públicas, componendas de corrupción que ha ensuciado prestigios. Ya se verá si los legisladores actúan como lo dicen.
Eso sí, los congresistas deberán ser flexibles en aquellos casos donde las autoridades salientes se encontraron con verdaderos obstáculos por parte de sus sucesores para entregarles información, mucha de ella certificada para poder ser validada por el OFS.
El tema es que en los “corrillos” políticos del Congreso local comienza a surgir información sobre algunas autoridades municipales que obstaculizaron esa entrega de información, como es el caso del ayuntamiento de Tlaxcala, donde la tesorería municipal con su titular ficticia, pues quien en realidad maneja las finanzas es una persona del Estado de México, no entregó o retrasó hasta los últimos momentos la entrega de documentación oficial certificada.
La actuación dolosa de la administración encabezada por Jorge Corichi Fragoso, tiene que ser denunciada por los dipu
Si los legisladores pretenden, efectivamente, cumplir su palabra de no “meter las manos” a las cuentas públicas, e incluso evitar denuncias penales, tendrán que idear un esquema suficientemente transparente...
tados locales e incluso sancionada, no importando las siglas partidistas.
Si los legisladores pretenden, efectivamente, cumplir su palabra de no “meter las manos” a las cuentas públicas, e incluso evitar denuncias penales, tendrán que idear un esquema suficientemente transparente para que toda la información que no pudo ser revisada por el OFS por falta de tiempo, sea auditada por el órgano fiscalizador como ente responsable de hacerlo. Eso, en caso de que la Comisión de Finanzas determine no recibir solventaciones, como sí lo han hecho sus antecesores.
No se trata de caer en componendas, sino de evitar que autoridades queden en estado de indefensión, de lo contrario, es seguro que se abrirán disputas legales que tardarán meses y hasta años en resolverse. Ya ha habido casos al respecto, y resoluciones judiciales han fallado en contra de los legisladores. ¿Para qué repetir ese tipo de casos?
El problema es que si desde el Congreso siguen viendo las cosas de forma partidista, jamás terminarán los actos de corrupción que tanto ofrece combatir como disco rayado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
O se olvidó que es la hora que nadie de los exacaldes ha pisado la cárcel por los casi mil 700 millones de pesos que nunca fueron justificados.
A estas alturas de la vida, siguen tolerando la manipulación de las cuentas públicas y siguen protegiendo a los responsables.
A ver si lo que advierte el diputado Terán es cumplido y respetado o como dice el conocido refrán: “de lengua nos comeremos un taco”. Al tiempo.