Desbordan clínicas en Florida por el veto en estados vecinos
Una mujer
MIAMI. La doctora D. nunca ha tenido tanto trabajo como ahora. La clínica de abortos donde ejerce, en Jacksonville, Florida, está desbordada por la llegada de pacientes de estados vecinos, desde que éstos restringieron fuertemente la interrupción voluntaria del embarazo aprovechando una polémica decisión de la Corte Suprema estadounidense.
“Antes veía a unas 25 pacientes en un día típico de trabajo, ahora atiendo a unas 45. Hay mucha demanda”, lamenta esta médica que prefiere guardar el anonimato por temor a recibir amenazas de militantes antiaborto.
Pese a que redujo en julio de 24 a 15 semanas el plazo para abortar, Florida es ahora uno de los lugares más permisivos para interrumpir el embarazo en el sureste de Estados Unidos.
A su alrededor, otros estados de mayoría conservadora como Louisia
La nueva ley de Florida exige que dos citas con al menos 24 horas de diferencia antes de someterse a un aborto
na, Mississippi, Alabama o Georgia han prohibido casi por completo esa práctica o reducido su plazo a seis semanas, después de que la Corte Suprema anulara a nivel federal ese derecho.
La decisión ha llevado a numerosas mujeres a viajar a clínicas de Florida, entre ellas una propiedad de la ONG Planned Parenthood, de los mayores centros de servicios reproductivos.
Ayer, proveedores y defensores del aborto presentaron ante la Corte Suprema de Florida una impugnación a la ley que prohíbe el aborto después de 15 semanas de gestación, ante el “devastador daño” que está causando.
Facebook, Apple y Google recibieron más de 123 mil solicitudes de datos por parte de fuerzas del orden en EU y entregaron información en la mayoría de los casos, según informes de transparencia publicados por las empresas.
Facebook causó indignación en Estados Unidos por colaborar con la policía en la investigación de un caso de aborto, una actitud que provocó acusaciones de que la plataforma es una herramienta para reprimir esta práctica.
La ira creció cuando la red social entregó a la justicia mensajes que una madre envió para ayudar a su hija a abortar.
Jessica Burgess, de 41 años, fue acusada de ayudar a su hija de 17 a interrumpir su embarazo en Nebraska. Ahora se enfrenta a cinco cargos. Uno de ellos bajo una ley de 2010 que solo permite abortos hasta las 20 semanas de gestación.
Pero este caso no es el primero. En 2017, Lattice Fisher, una mujer de Misisipi, fue acusada de homicidio en segundo grado por abortar. Una de las principales pruebas en su contra fue una entrada en su historial de búsqueda de pastillas Misoprostol, un fármaco usado para provocar el aborto.
“La información más poderosa que más ha sido instrumentalizada en contra de las personas son sus propios pensamientos (…) lo que ponen en un mensaje de texto o lo que escriben en un buscador”, dijo a Efe Cynthia Conti Cook, abogada especializada en derechos civiles.
Las autoridades también se saltan a intermediarios. Según un informe de la ONG Upturn, miles de departamentos de policía del país usan herramientas forenses que les permiten extraer todos los datos de un dispositivo móvil, y en muchos casos no esperan a obtener una orden judicial para inspeccionar los celulares.
En el Congreso ha habido varios intentos sin éxito de aprobar normativas que aumenten el derecho a la intimidad y limiten el uso que se puede hacer de los datos recopilados en redes o en los móviles.
“No hay mucho que puedas hacer para protegerte que no sea lanzar tu teléfono móvil al mar. Y esa no es una opción para muchos de nosotros”, dijo a Efe India McKinney, directora de Asuntos Federales en la fundación Electronic Frontier.
“La información más poderosa en contra de las personas son sus pensamientos en un mensaje”
CYNTHIA CONTI COOK ABOGADA DERECHOS CIVILES