¿Judicializar la información de inteligencia?
Si algo puede destacarse de las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, presentado el viernes 26 de agosto en Palacio Nacional por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, es la metodología de trabajo que mapeó y obtuvo información y evidencias de distintas fuentes.
Luego de que el jueves 18 de agosto presentó un primer informe donde dejaba algunos cabos sueltos, el funcionario regresó una semana después ahora a la conferencia mañanera para responder a los cuestionamientos y revelar la identidad de probables responsables de la milicia detrás del crimen.
¿Cómo probar ante un juez la presunta complicidad de los mandos militares del 27 batallón de Iguala con el grupo criminal conocido como “Guerreros Unidos”? Encinas dijo que existe captura de pantalla de 426 mensajes de texto que demostrarían los vínculos y relaciones del grupo delincuencial con autoridades, población civil y con elementos del 27 batallón.
¿Podrán estas evidencias articularse como prueba penal y fundar alguno de los delitos por los que se acusa a los probables responsables mencionados? Como ha quedado demostrado desde el sexenio de Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía, adolece de investigadores profesionales (la mayoría renunciaron ante el desmantelamiento de la institución desde el calderonismo) que con dificultad pueden sostener casos ante un juez y obtener sentencias favorables en casos relevantes. El origen es la falla sistémica en la procuración de justicia que quedó al desnudo desde tiempos de Antonio Lozano Gracia (19941996), cuando se hizo la primera gran purga de agentes y viejos comandantes de la Policía Judicial Federal, la antigua escuela de tortura y violaciones que después reclutó el crimen organizado. Se agudizó con la militarización y la directriz de “fabricación de culpables” con Rafael Macedo de la Concha (20002005), y colapsó con procuradores subsecuentes cuando el litigio en medios y las condenas mediáticas se establecieron como sustituto de la justicia real, casos como “el Michoacanazo” o la “Operación Limpieza”, son algunos ejemplos.
Lo que Encinas detalló ante el Presidente, es quizá el primer gran reto por intentar judicializar reportes e información de inteligencia. El dato no servirá si no está verificado y blindado jurìdicamente, si el juez lo avala podría ser un paso para aclarar el papel que cada uno de los acusados tuvo en el crimen.
Los agentes ministeriales que buscarán probar las acusaciones contra dos generales mencionados por Encinas, el excomandante de la 35 zona militar en Chilpancingo Alejandro Saavedra Hernández y el entonces comandante del 27 de infantería José Rodríguez Pérez, deberán estudiar a fondo las normas no escritas de la milicia en México. Conocer la génesis de la lealtad, la disciplina y el secreto, que identifica a todos los Diplomados de Estado Mayor (DEM), como Saavedra y Rodríguez, es algo que no cualquier civil entiende. Porque no se trata solo de los hechos, sino la forma en cómo se operan y encubren cuando son órdenes no escritas.
@velediaz424