EL ESPECTADOR

Sigue pendiente el caso Segalmex

Las autoridades pisaron el acelerador para entregar resultados sobre el caso Segalmex que, contrario a lo que se esperaba con la participación del secretario de la Función Pública en la conferencia mañanera, avivó la discusión en torno al exdirector Ignacio Ovalle Fernández, hoy coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Las pesquisas se comienzan a cerrar en torno al manejo que se hizo de la empresa de seguridad alimentaria en los años 2020 y 2021, y se adelanta que más de uno se llevará sorpresas cuando se revise el proceso de compras realizadas durante el ejercicio 2022.

A ese periodo corresponde la decena de órdenes de aprehensión que se concedieron contra exfuncionarios de la otrora Conasupo y miembros de la empresa Carregin, por la venta de unas 25 toneladas de azúcar que se pagaron de manera anticipada. Esto, un presunto convenio entre Ovalle Fernández y el empresario Fernando Zurita, conocido como El Rey del Abarrote.

Varios de los funcionarios involucrados, y que hoy se sabe se encuentran huyendo de la justicia, fueron llamados a comparecer personalmente este mismo mes ante el Órgano Interno de Control de Segalmex, para exponer “lo que a su derecho convenga en torno a los hechos que se le hacen saber” mediante el oficio P.A. 001/2022, firmado éste por el titular del área de responsabilidades del

OIC de Diconsa, Miguel

Ángel Varela.

A la mencionada audiencia, programada para la tarde del 27 de septiembre, deberían llegar el subgerente de adquisiciones su par de Servicios Generales el gerente de Recursos Materiales y, por supuesto, el extitular de la Unidad de Administración y Finanzas, René Gavira.

La solicitud de presentación no se refiere a la compra de azúcar referida, sino al proceso de licitación LA008JBP999E362019 para la “contratación del arrendamiento sin opción a compra de vehículos terrestres de carga y gran carga”, uno que por cierto la SFP, pero de Irma Eréndira Sandoval, calificó como el proceso más limpio de la actual administración. En específico, la testigo social Ana Catalina Bruna Bohne García, con número de registro PF 023, entregó por escrito a la dependencia de Ignacio Ovalle un documento en el que se certificó que el concurso “cumplió en su totalidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política”.

En el citatorio del OIC se resalta que, según la investigación DE. 116/2021, “se determinó la probable responsabilidad en la comisión de faltas administrativas calificadas como NO GRAVES” de los arriba señalados. No obstante, se antoja complicado que la totalidad de los exfuncionarios se presenten en las oficinas de Segalmex en Insurgentes Sur, pues enterados de que un juez de Oaxaca concedió sendas órdenes, los agentes de la Fiscalía tendrían que aprovechar la ocasión para ejecutarlas.

Luis Martínez, Daniel Cisneros, Alejandro Olvera

Varios de los funcionarios involucrados, y que se sabe se encuentran huyendo de la justicia, fueron llamados a comparecer ante el OIC