El problema irresuelto de la seguridad Los Estados
nacionales –incluso aquellos más liberales– han mantenido en la esfera de sus atribuciones las funciones relacionadas con el control del estado de la seguridad. Así, las instituciones vinculadas con la seguridad pública, interior o nacional representan uno de los puntos medulares de los Estados como organización política. Sin embargo, conforme los riesgos y amenazas crecen, la complejidad de la administración de las organizaciones encargadas en la materia también incrementa, lo que representa varios retos en términos de toma de decisiones.
La creación de la Guardia Nacional es, en buena medida, el resultado de los fracasos institucionales de los anteriores modelos: el primario federalista, la centralización y la contenida incorporación de las fuerzas armadas.
Para el caso de México, las funciones de seguridad pública están ligadas al diseño federalista del país, es decir que –constitucionalmente– los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) tienen responsabilidad. Esta noción federalista implica tres premisas para su funcionamiento adecuado: coordinación y profundización de relaciones intergubernamentales; profesionalización de las organizaciones policiales y de procuración de justicia; esquemas de financiamiento e inversión permanente a partir de esquemas de corresponsabilidad desde la Federación hasta los municipios. A pesar de que el modelo –presumiblemente– podría haber funcionado durante bastantes años en el siglo XX, hoy está colocado en cuestión dada la crisis de seguridad y el terror de la violencia.
En este contexto de presión por mantener un estado de seguridad que posibilite el libre desarrollo de las personas, el modelo federalista de la seguridad pública se ha modificado sustancialmente. Primero con la creación de cuerpos de seguridad pública federales que, con unidad de mando, sostenían operaciones en las entidades federativas. No obstante, esta centralización de las decisiones de seguridad pública pareció no funcionar del todo. Incluso el actual presidente de la República sostuvo durante mucho tiempo que la centralización permitió que problemas como la corrupción y la cooptación o captura de las organizaciones, se facilitara. Entonces el modelo (ya modificado con la centralización) experimentó cambios aún más radicales, en el sentido de que transformó la idea primaria de las funciones de seguridad pública debían estar sujetas a las reglas civiles, dirigidas por organizaciones policiales y coordinadas en un esquema de compartición en los tres niveles de gobierno. Este cambio fue la incursión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Este paso tiene un contexto de dificultades máximas. La decisión de incorporar a cuerpos de formación militar está supeditada al rebase experimentado por la organizaciones policiales civiles, el incremento de las capacidades de las organizaciones criminales, la exigencia ciudadana por resolver o contener el problema y la incapacidad de los gobiernos subnacionales (estatales y municipales) por profesionalizar a las organizaciones a su cargo, a pesar de los innumerables intentos a través de fondos presentados de los presupuestos de egresos de la Federación.
Ante el dilema de aumentar la presencia militar en tareas de seguridad pública o experimentar de vuelta con el modelo primario federalista de la seguridad pública, el presidente de la República optó por la primera opción. La creación de la Guardia Nacional es, en buena medida, el resultado de los fracasos institucionales de los anteriores modelos: el primario federalista, la centralización y la contenida incorporación de las fuerzas armadas. El dilema –ahora mismo– se resuelve tajantemente con la declaratoria de anexión total de la seguridad pública como atribución de un órgano militar: la Guardia Nacional.
Esta discusión centrada en si la decisión es acertada o no, no puede seguir orientando la discusión pública de manera maniquea. Más bien, el debate político nacional debiera responder a una lógica de aprendizaje institucional a partir de experiencias comparadas, colocar el énfasis en la necesidad de que la participación de las organizaciones militares en tareas de seguridad pública debe tener (nuevamente) una fecha de término. Se requiere privilegiar en la discusión, una ética de la responsabilidad y atender el enorme problema de la crisis de derechos humanos en la que nuestro país está sumergido.