Inseguridad y violencia, flagelos de México

Si se retira a soldados y marinos de las calles el 2024 dejaríamos en manos del hampa al país, pero si lo ponemos bajo control castrense hasta el 2028 estaremos ante el inicio formal de una militarización que no tiene buen regreso. Una solución mala y otra peor; es el costo de haber dejado a estados y municipios sin policías y fiscalías confiables.

E ¿s la inseguridad con todos los problemas a ella asociados un pantano criminal del que México no podrá escapar? ¿quedará por siempre atrapado en esa vorágine de sangre y muerte de la que a diario se nos informa? ¿existe acaso algún sino fatal que nos condena a aceptar como normal esa situación anómala? ¿es esa la nación, democrática y justa, que mujeres y hombres de buena fe queremos dejar a la siguiente generación? Me pregunto, y le pregunto a usted, amigo lector, si a la vista de tantos y tan trágicos acontecimientos es pertinente como ciudadanos plantearnos estas cuestiones y, sobre todo, cuál debe ser el tono de apremio con que debemos exigir a las autoridades la adopción de estrategias capaces de frenar esta deriva hacia el desorden, la anarquía, el caos y la ingobernabilidad del país. Aunque la violencia data de varios sexenios atrás, lo cierto es que los últimos presidentes de la República Calderón, Peña Nieto y López Obradoroptaron por abandonar a su suerte las corporaciones policíacos nacionales, estatales y municipales con mando civil, dejando en manos del Ejército y la Marina la labor de enfrentar y abatir a la delincuencia organizada en sus muy variadas vertientes. Diferente en matices pero semejante en su esencia, la criticada decisión tomada consecutivamente por tres mandatarios provenientes de partidos políticos con principios ideológicos distintos, violenta la Constitución y además según lo prueban las propias cifras oficiales carece de la efectividad esperada.

EXPECTATIVAS DESALENTADORAS

¿Qué se mira hacia adelante? ¿qué nos depara el futuro inmediato? ¿medio siglo de guerra intestina y postración económica como la padecida por Colombia? ¿o un régimen en que el militarismo imponga su impronta castrense y donde las garantías individuales valgan lo que el papel mojado en que están escritas? A un mal gobierno civil se le depone con votos pero… ¿a qué medio se acude para que el autoritarismo uniformado vuelva sin reticencias a sus cuarteles, bien por haber concluido su tarea pacificadora, bien por haberse cumplido el nuevo plazo aprobado por el partido mayoritario en el Congreso de la Unión? Echemos la película atrás para recordar que, sin elementos para enfrentar la emergencia de un crimen organizado cuyo poder rebasaba ampliamente el de las policías convencionales, los gobiernos estatales hubieron de solicitar el auxilio del poder central para contener el desbordamiento de los delitos. El primero fue el de Michoacán, donde su gobernador Lázaro Cárdenas Batel admitió que la entidad a su cargo estaba a merced del narcotráfico. Ordenado por su comandante supremo, el Ejército intervino… haciendo lo que saben hacer, es decir, repartiendo fuego y metralla a discreción. Aquel primer enfrentamiento, estéril y sangriento, fue la llamada “patada al avispero”, punto de partida de la imparable violencia que hoy priva en extensas zonas del territorio nacional.

DERECHOS ATROPELLADOS

A la inquietante perspectiva de vivir en un sistema que confiere a soldados y marinos bajo mando militar labores que ordinariamente corresponden a cuerpos policíacos con mando civil, hoy se añade otra disposición que, en aras de dizque mejorar la eficacia del combate a la corrupción, deja al ciudadano en un estado de virtual indefensión ante los delitos reales o supuestos que fiscales y ministerios públicos quieran inventarle. La prisión preventiva oficiosa, apoyada por el presidente López Obrador, priva de la libertad, sin juicio ni sentencia de por medio, a todo acusado sospechoso de haber incurrido en cualquiera de una larga lista de delitos, ahora engrosada a solicitud del Ejecutivo y aprobada por el Legislativo. La cuestión atenta contra los derechos humanos establecidos en el artículo primero de la Constitución y en los tratados internacionales que de ella son parte, ignorando la presunción de inocencia y vulnerando el debido proceso. Esta auténtica barbarie jurídica fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia, lo que abrió espacio a un intenso e interesante debate entre sus ministros cuyo desahogo final aún está pendiente de resolución.

OPOSICIÓN DERROTADA

Ambos asuntos, el de la expansión del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y, sobre todo, los de la ampliación del plazo establecido para la permanencia del Ejército y la Marina en las calles y la transferencia del control administrativo y militar de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, tuvieron un efecto adicional de orden político que va a influir determinantemente en el rumbo que tomarán los procesos electorales que están en puerta el 2023 y el 2024. Y todo ha sido, amigo lector, a consecuencia de una habilidosa maquinación del presidente López Obrador que indujo a juntarse al PRI y al PAN a fin de que la ciudadanía viera que “son lo mismo” y, luego, ya unidos y en vías de consolidar su coalición, creó las condiciones para su destrucción, difundiendo la ínfima calidad moral del líder nacional del tricolor y acosándolo judicialmente hasta ponerlo al servicio incondicional de su causa. Dividido irreversiblemente lo que queda del Revolucionario Institucional y alertado por fin Acción Nacional de la clase de socio con la que se proponía compartir responsabilidades futuras, el blanquiazul decidió poner la alianza en un suspenso que presagia su defunción definitiva. En suma, una maquiavélica celada del titular del Ejecutivo Federal en la que hizo uso de todas las armas legales y de las otras con que cuenta el Estado para exhibir las pocas luces de sus adversarios y su escasa, por no llamarla nula, estatura política.