Derechos políticos de las mujeres, una mirada por la historia

Por las que lucharon, luchan y lucharán

El 17 de octubre se cumplieron 69 años de la promulgación de la reforma constitucional que dotó de ciudadanía plena a las mujeres mexicanas, no obstante, este triunfo fue una lucha de décadas atrás. El primer antecedente oficial que se tiene en México de la exigencia por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres es en 1821, cuando al concluir la Independencia un grupo de zacatecanas exigió su derecho al voto debido a su presencia en el movimiento. Años más tarde, en 1856 mujeres se dirigieron al Congreso Constituyente para demandar derechos políticos, pero tampoco prosperó. La exigencia se convirtió en una demanda posrevolucionaria.

Fue así, que, en 1916 en Yucatán, bajo el liderazgo de Hermila Galindo se llevó a cabo el Primer Congreso Feminista en nuestro país y el segundo en América Latina, donde cientos de mujeres se reunieron para exigir derechos no sólo políticos, sino sociales y económicos.

Entre 1923 y 1925 de manera marginal se aprobaron derechos políticos de las mujeres en tres estados. Siendo Yucatán la primera entidad con mujeres electas, aunque sólo tomó posesión Rosa Torre González como regidora de Mérida, ya que, tras el asesinato del entonces gobernador de Yucatán, las diputadas electas Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Dzib Cícero tuvieron que huir y nunca asumieron el cargo.

Los frutos empezaron a palparse en 1947, cuando de manera parcial se otorgaron derechos políticos sólo a nivel municipal, para que finalmente el 17 de octubre de 1953 se reconociera a las mujeres su derecho a votar y ser votadas.

Durante estas casi siete décadas del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, se han implementado reformas y acciones afirmativas con el fin de garantizar la participación efectiva de las mujeres en los espacios públicos, tales como las llamadas “cuotas de género”. En 1996 se estableció una cuota de 70/30; en 2008 a 60/40, recientemente dos reformas constitucionales han marcado un avance significativo encaminadas a la paridad de género:

La primera en 2014, cuando se incorpora en la Constitución la obligación a los partidos políticos a que en la postu

lación de candidaturas federales y locales exista paridad entre los géneros, es decir, 5050, conformándose, como tal, el principio de paridad de género. La segunda en 2019, que busca garantizar el principio de paridad en los tres poderes en los tres órdenes de gobierno y organismos autónomos, mejor conocida como “Paridad en todo”.

En el ejercicio de sus derechos políticos las mujeres se han enfrentado a la resistencia patriarcal que les impide su libre ejercicio, sufriendo violencia en distintas expresiones en diferentes momentos, incluso ya en el cargo. Definirla y tipificarla como delito también ha sido una batalla larga y constante de muchas mujeres. En este marco, en el 2020 se aprobaron reformas para atender y castigar la violencia política contra las mujeres.

Como se puede observar la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres lleva años, la consolidación de nuestros derechos ha sido gracias a las exigencias de movimientos feministas. El papel de las instituciones ha sido fundamental para velar por el cumplimento de los derechos políticos de las mujeres. A 69 años del sufragio femenino en México podemos hablar de un congreso paritario, de nueve gobernadoras en funciones y la paridad a nivel municipal va ganando terreno. A pesar de estos avances significativos, todavía hay un largo camino que recorrer que nos lleve a una verdadera democracia igualitaria y libre de violencia, conseguirla es responsabilidad de todas y todos.