Suponer que

la gente cree todo lo que el gobierno le cuenta raya en el infantilismo político. Dar el clásico carpetazo a un evento en que participó la policía estatal con el saldo trágico de la muerte no suficientemente aclarada de una joven normalista de Panotla es un desatino por el cual se va a recordar la gestión de la gobernadora Lorena Cuéllar.

Por más que se esfuerza el opinador reconoce no ser capaz de entender la correlación lógica, si alguna hay, entre dos conceptos que, en principio y a simple vista, tienen todo el aspecto de ser antitéticos. Y es que si, como lo informó la gobernadora “…Tlaxcala es el estado más seguro de la República por quinto mes consecutivo…” (El Sol de Tlaxcala, 25/10/2022) es normal que la gente se pregunte extrañada cuál pudo ser la verdadera razón del despido o la renuncia del secretario de Seguridad Pública, general retirado Raúl Ruiz García, a sólo medio año de haber sido designado para un cargo que indebidamente llevaba varios meses acéfalo. La espera para su nominación se justificó con el argumento de que la gobernadora Lorena Cuéllar se había tomado el tiempo necesario para, esta vez, sí hacer una escrupulosa valoración de los méritos de la persona que llegaría a un puesto de tanta responsabilidad; se entendió que lo hacía para no errar de nueva cuenta nombrando a un sujeto inelegible con impedimentos legales. La explicación se aceptó luego de conocer el impecable currículum vitae del nuevo titular y de escuchar su promesa de que trabajaría para “…instalar a Tlaxcala como el primer lugar nacional de menor incidencia delictiva…” (Milenio, 02/05/2022).

SOMBRAS NADA MÁS…

Si el anunciado propósito del general Ruiz García se cumplió ampliamente entonces… ¿por qué se le retiró del puesto? ¿qué se oculta a los tlaxcaltecas? ¿cuál es el motivo real de su separación?

¿por qué la percepción ciudadana en cuestiones de seguridad pública no camina en paralelo con la información que le proporciona la mandataria? Algo sin ninguna duda falta por saberse; en este episodio se ha hecho evidente que hay elementos que se esconden a la opinión pública. Sin datos creíbles se abre un amplio espacio a todo tipo de interpretaciones, lo que en un asunto tan delicado como este puede provocar una pérdida de confianza de la sociedad respecto del gobierno. Prescindir de una comunicación transparente y honesta entraña un riesgo real que tendría que ser ponderado en Palacio, máxime en estos tiempos en los que el fantasma del crimen organizado se nos aparece de continuo en sus distintas variantes.

NARRATIVA DIFÍCIL DE CREER

Si es cierto que vamos tan bien en el combate a la delincuencia, cabe preguntar por qué se va a ir el responsable de una dependencia que estaba dando resultados tan positivos. A sólo quince meses del inicio del gobierno de Lorena Cuéllar son ya cuatro, entre los titulares y encargados de despacho huidos, sustituidos o cesados de una secretaría que, por lo menos en teoría, ejerce de salvaguarda de la tranquilidad pública. La versión del secretario de Gobierno Sergio González de que la separación voluntaria del general Ruiz García “…para atender asuntos personales…” le fue adelantada a la gobernadora semanas atrás por el propio interesado es inverosímil en un militar de carrera que vino a

Tlaxcala con la anuencia del más alto mando del Ejército para cumplir con la encomienda de preservar el orden en un estado tradicionalmente seguro. En esos niveles de la jerarquía castrense las decisiones no se toman a la ligera ni se cambian por causas baladíes. Así pues, al no contar con una explicación oficial a la que se pueda dar crédito, la opinión pública quedó a expensas de cualquier conjetura y de que cada ciudadano interprete los hechos a su manera.

ACOMODANDO LA VERDAD… A CONVENIENCIA DEL GOBIERNO

Para la destitución o dimisión del secretario se escogió muy mal el momento, ya que se vinculó con la muerte de una jovencita de la Normal Rural Benito Juárez de Panotla, acaecida durante los enfrentamientos de días antes entre estudiantes y fuerzas policíacas. La coincidencia entre ambos hechos el fallecimiento de la normalista y la separación del general Ruiz García se interpretó como una suerte de reconocimiento implícito del gobierno de su responsabilidad en el trágico evento. Dejó de insistirse en la historia de que el deceso había sido accidental y, de buenas a primeras la autoridad buscó darle rápido “carpetazo” al tema, sin esperar a contrastar pruebas ni a practicar las investigaciones pertinentes, declarando a actores y testigos de la reyerta y verificando los videos existentes. Se optó por silenciar a las quejosas a cambio de satisfacer todas sus demandas, incluyendo la de sustituir a la directora del plantel. No haber atendido con oportunidad los reclamos del gremio estudiantil normalista desembocó en aquellos actos violentos y en la pérdida de la vida de una futura maestra que marcará, negativamente y para siempre, la gestión de Lorena Cuéllar.

ENSEÑANZAS DE LA HISTORIA

Si la gobernadora permitió que se acudiera a la represión para impedir que una manifestación de normalistas alterara el normal desarrollo de la competición de tiro de arco que se escenificaba indebidamente, digo yo en la Plaza de la Constitución de la ciudad capital, quiere decir que la lección del 68 le pasó de noche. A la luz de la forma como atendió el conflicto, es de suponerse que hasta la misma Lorena Cuéllar se creyó e hizo creer a la ciudadanía la monumental falacia de que “los ojos del mundo” estaban en ese momento puestos en Tlaxcala y, por tanto, la marcha de las jóvenes debía contenerse a cualquier costo. Toda proporción guardada, lo mismo pensó Díaz Ordaz hace cincuenta y cuatro años cuando opuso la fuerza del Ejército a las justas peticiones de los universitarios. Y logró justo lo contrario: que la Olimpiada de México se recuerde, más por la brutal matanza de Tlatelolco que por la justa deportiva.