Necesario, repensar la distribución de la potestad tributaria
Desde el sector empresarial debemos hacer énfasis de los asuntos y de las preocupaciones para impulsar un sistema fiscal nacional que estimule la creación de nuevas y mejores empresas, apoyando y fortaleciendo a las ya existentes con la celebración de una Convención Nacional Hacendaria y con la creación de un Consejo Fiscal Independiente, que, sin duda, son claves para un desarrollo económico en nuestro país.
Si bien no hay una Reforma Fiscal para el 2023, es importante analizar pendientes, como la aplicación y ejecución de la Reforma Fiscal 2022, la entrada en vigor del CFDI 4.0, el complemento de carta porte, la Reforma de Subcontratación y la entrada en vigor del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
Nos pronunciamos sobre la importancia de aperturar espacios de diálogo con las autoridades recaudadoras y nuestros legisladores para analizar temas fiscales de trascendencia e impacto a nivel nacional y así facilitar la operación y cumplimiento de obligaciones de las empresas. Por ello, desde el sector empresarial nos interesa que se analicen las implicaciones que tiene para el sector privado el entorno fiscal, así como los resultados e inconvenientes a los que se han enfrentado los contribuyentes.
Si bien no existe por el momento una reforma fiscal federal, es necesario pensar en el federalismo fiscal. Poner sobre la mesa de discusión y análisis el papel de los municipios como base de la organización política y administrativa, pues actualmente su papel está reducido y todo está concentrado en la federación, es decir, no podemos hablar de autonomía y libertad financiera, pues existe un federalismo invertido que todo se asigna de manera centralizada.
Por ello, creemos que existe la necesidad de convocar a una Convención Nacional Hacendaria, donde el debate amplio y el diálogo estén presentes; la discusión no se concentre a nivel central y en una sola fuerza política. Así como repensar la distribución de la potestad tributaria en los estados, la distribución y control del gasto público. Lo anterior, como una lección aprendida, pues durante la emergencia sanitaria, donde la población requirió servicios de salud y servicios públicos, no había recursos suficientes, pero sí etiquetas presupuestales.
El debate no solamente puede ser de carácter central en el orden federal, sino en los distintos órdenes de gobierno. Nuestra constitución expresa claramente que somos una federación. Sin embargo, presupuestalmente somos un país centralista.
Además, contar con finanzas públicas sanas y pertinencia en la aplicación del gasto público son condiciones indispensables para que el Estado pueda incidir en un desarrollo económico sostenible. Y un ente que ayudaría a dicha labor sería la conformación del Consejo Fiscal Independiente (CFI), concebido como un órgano consultivo, conformado por especialistas en temas hacendarios y financieros. Este Consejo tendría el mandato legal para asesorar al Poder Legislativo Federal, en temas relacionados con responsabilidad fiscal, el diseño y ejercicio del presupuesto, el endeudamiento público y en general, en temas inherentes a las finanzas nacionales.
Las mejores prácticas internacionales consideran que este tipo de organismos promueven la transparencia y la credibilidad de los gobiernos y garantizan una política fiscal sostenible. Por el momento, contamos con dos instituciones que realizan esa tarea el Centro de Estudios de Finanzas Públicas que asesora a la Cámara de Diputados y por otro lado el Instituto Belisario Domínguez que asesora la Cámara de Senadores. Creemos, que si bien ambas instituciones realizan hoy una tarea relevante, su integración y a partir de ello la creación del CFI implicaría una evolución hacia un diseño institucional mucho más sólido para garantizar el ejercicio de las funciones de asesoría sin motivaciones políticas o partidistas y con alto nivel de eficacia técnica.
Una vez más queremos decir que el sector empresarial refrenda su compromiso de contribuir a generar condiciones para retener y atraer la inversión nacional y extranjera, y para transformar esos recursos en creación de empleos, en competitividad y en el fortalecimiento del mercado interno de México.