Una postal de Zacatecas
La Guardia Nacional tiene trazado un mapa de la seguridad en Zacatecas donde varios funcionarios judiciales y policiacos, algunos miembros de la clase política de todos los partidos, aparecen con algún tipo de vínculo con la delincuencia organizada. El panorama no es exhaustivo, en alguno de los reportes los comandantes de unidades militares reconocen la falta de información, la que tienen la cruzan con las dependencias que participan en el Grupo de Inteligencia Operativa. Buscan tener indicios que susceptibles de explotar en las operaciones. Resaltan que han reforzado la campaña de denuncia ciudadana donde enfatizan la labor de GN y Ejército, que buscan “proteger la vida y garantizar un ambiente de paz”.
El control del nudo de comunicaciones terrestres que convergen en Zacatecas, que facilita actividades delictivas entre el sur y la frontera norte, es el fondo de la disputa entre los grupos criminales CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generación) y Cartel del Pacífico, y que ha motivado se dispare la incidencia en homicidios vinculados a la delincuencia organizada en los últimos dos años.
Documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya, dan un panorama de cómo está la situación en los últimos dos años en la entidad. Un informe de mayo del 2020, recoge “10 elementos esenciales de información” sobre el panorama delictivo en el municipio de Río Grande, Zacatecas, donde ejercía como juez de control Roberto Elías, asesinado el pasado sábado 3 de diciembre en el municipio de Guadalupe. Ahí exponen cómo el crimen estaría infiltrado en juzgados, policías, fiscalía y presidencia municipal. Los documentos redactados a manera de pregunta respuesta, sirven de contexto para explicar un ángulo de la violencia que tiene sitiada la entidad.
“¿Qué relación existe entre personal de autoridades ministeriales y jueces, con personal de la delincuencia organizada y de qué manera afecta a la resolución de órdenes de aprehensión y cateo en virtud de que el tiempo para la expedición de citados documentos es muy prolongado y repercute en las actividades que realiza el personal de la G.N. integrante de esta coordinación regional?”, dice la primera pregunta.
“Ha existido un vínculo familiar entre personas integrantes con la delincuencia organizada con autoridades de este municipio”, se lee en una respuesta que no ahonda en detalles. Cita el caso de Dan Hilario Álvarez Castañeda, detenido tres ocasiones entre 2019 y 2020, quien es hermano de una funcionaria del poder judicial en el municipio. Otra de las preguntas es sobre la identidad de autoridades con vínculos con la delincuencia y la forma en cómo “favorecen o contribuyen” con algún grupo. El documento menciona a Sheila Rocío Álvarez Castañeda, funcionaria de la Casa de Justicia de Río Grande, María Cristina Rojas Arteaga, agente del ministerio público de la fiscalía del estado en ese municipio. También apuntan a Hermenegildo Hernández López, director de seguridad pública municipal en 2020, y el que fuera alcalde de éste municipio hasta el año 2021, Julio César Ramírez López. La Guardia Nacional presume que un centro cambiario propiedad del hoy ex alcalde “se encuentra coludido con el lavado de dinero”.
Esto es Río Grande, municipio de paso rumbo a la frontera, viniendo de Fresnillo, Jerez y Tepetongo desde Jalisco.