El Plan B: la destrucción de la organización electoral
La reforma constitucional electoral propuesta por el Presidente de la República fue rechazada al no lograr la mayoría calificada que exige nuestra Constitución. Al final se concretó lo anunciado por distintos partidos políticos; esto es, que no transitaría una reforma que desapareciera al INE. Sin duda alguna, el apoyo de las y los mexicanos a favor de la autoridad electoral a través de distintos posicionamientos púbicos y manifestaciones libres, fueron clave para dicha decisión.
Pese a ello, la Cámara de Diputados aprobó, a través de la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados PT y PVEM, sin la debida discusión y deliberación que ameritaba, una propuesta de reforma electoral legal conocida como “Plan B”, que atenta contra la democracia mexicana al afectar de facto la forma en que se desarrollan las elecciones.
Lamentablemente, las mentiras y la propagación de desinformación intencionada desde altas esferas del poder se ha vuelto una constante, particularmente en materia electoral. Ello se demuestra en la reforma aprobada en la Cámara de Diputados, pues está basada en argumentos falaces respecto a que la autoridad electoral es la más cara del mundo y que hay un dispendio de recursos no comprobados en las elecciones.
Pero no sólo es eso, de una lectura integral de la iniciativa que no hicieron los diputados se advierte que el objetivo principal es derrumbar dos pilares fundamentales en la organización de las elecciones, bajo el pretexto de implementar una austeridad mal entendida: la estructura desconcentrada del INE, al ordenar la desaparición y/o fusión de órganos clave para el permanente desarrollo de sus atribuciones, y el funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.
La reforma aprobada por la Cámara de Diputados pretende fusionar diversas áreas del INE y modificar estructuras
fundamentales para el correcto trabajo de la autoridad electoral, como los órganos distritales. Un ejemplo de que no existen diagnósticos objetivos es que se pretende fusionar la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que llevan a cabo más de 40 por ciento de las actividades que se realizan en los procesos electorales.
De igual forma la reforma aprobada busca desaparecer las juntas distritales del INE, desconociendo así que su trabajo es fundamental no sólo en procesos electorales, sino también fuera de ellos, pues se encargan de realizar actividades registrales, de vinculación con la ciudadanía y de capacitación.
Otro aspecto clave (en sentido negativo) de la reforma es que afecta la joya de corona en la materia electoral: el personal que forma parte del servicio profesional electoral. Dichas ciudadanas y ciudadanos son las y los trabajadores del INE y del entonces IFE que han permitido, con su trabajo diario, que los procesos electorales sean un éxito. Se trata de personas que cuentan con una evaluación y capacitación permanente, lo que se traduce en que sea el segundo mejor servicio civil de carrera del país, de acuerdo a la ASF.
Seamos claros: la reforma legal aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados carece de todo análisis objetivo y comprobable. De ahí que sus disposiciones no sean simples ocurrencias, sino determinaciones que tienen la intención de
El Senado recibe una verdadera bola de fuego. No está ante el dilema de desaparecer, o no, al INE. Ahora está en sus manos decidir si se quiere que el tema electoral se convierta en un problema.
convertir en un problema algo que había dejado de serlo desde hace muchos años: la organización de elecciones. Lo cual se agrava de cara a la elección de 2024, pues sería la primera vez que se apliquen las nuevas modificaciones al sistema electoral. No hay margen de prueba y error.
En más de 8 años, el INE ha organizado 330 procesos electorales. En dicho periodo se ha obtenido el mayor porcentaje de alternancia en la historia de los procesos electorales de nuestro país (más de 62 por ciento). De igual forma, otro dato importante es que desde el nacimiento del INE no ha existido un conflicto postelectoral.
Ello significa que el trabajo que ha realizado el INE y las autoridades electorales locales ha sido el correcto. Bien organizadas, haciendo respetar el marco legal y garantizando que el voto de la ciudadanía sea contado correctamente y cuente.
Hoy, con esta reforma aprobada en Cámara de Diputados, el Senado recibe una verdadera bola de fuego. No está ante el dilema de desaparecer, o no, al INE, pues ese ya concluyó con la reforma constitucional desechada. Ahora está en sus manos decidir si se quiere que el tema electoral se convierta en un problema. También debe analizar si quieren pasar a la historia como la legislatura que cayó en el juego que desde hace unos años el poder ejecutivo ha puesto en la mesa: culpar a la autoridad electoral en la elección presidencial de 2024, por problemas en la organización del proceso electoral.