Fortalecimiento policial y despliegue militar: el tamaño del reto

La publicación del decreto que amplía la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, promulgado el 18 noviembre, y la validación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que faculta a las FFAA para realizar tareas de seguridad pública de forma permanente hasta que se consolide la Guardia Nacional, reavivan el interés por saber el futuro de la iniciativa que plantea fortalecer a las policías locales y concretar el regreso de la seguridad pública a sus orígenes constitucionales.

De ahí el imperativo de dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto en cuestión, que establece que, a partir de 2023, el Ejecutivo federal creará un fondo de apoyo permanente para fortalecer a las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad.

Destinando el 25 por ciento de dicho fondo para estimular a las entidades con mejores resultados, de acuerdo con los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. A dicho fondo se sumará el que crearán los gobiernos estatales y que servirá para fortalecer a las instituciones de seguridad pública en los municipios menos poblados y con mayor grado de marginación.

Es crucial que se fortalezcan las instituciones de seguridad pública civil, por las deficiencias y limitaciones que padece un gran número de corporaciones policiales estatales en el país, y por la preocupante reducción de sus elementos registrada entre 2019 y 2021; cifra estimada en más de diez mil elementos, que representó el 4.41 por ciento de su fuerza operativa; pasando de 231 mil 421 elementos a 221 mil 281, sin incluir las bajas registradas durante el presente 2022.

Está documentado que el alto número de bajas se deriva de la falta de recursos con que operan muchas corporaciones policiales, tanto en los estados como en los municipios; lo que se traduce en la escasez o precariedad del equipo táctico del que deben disponer, la falta de capacitación y/o certificación de sus elementos, los bajos salarios que perciben y las pésimas condiciones laborales que padecen.

Esto afecta no sólo su capacidad ope

rativa, sino la percepción ciudadana sobre su efectividad para combatir las causas que generan la inseguridad y el crimen.

El problema se agrava al sumar el diagnóstico presentado por el Censo Nacional de Seguridad Estatal 2022, que dio a conocer que de los 221 mil 281 policías que existían en 2021, sólo 65 mil 286 contaban con el Certificado Único Policial vigente. Documento que, como se sabe, los acredita para ingresar o mantenerse activos en las instituciones de seguridad pública. A ello se agrega el déficit de 42 por ciento de elementos estatales debidamente capacitados y certificados, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2022.

Ante el tamaño del problema, importa saber si el monto que se destinará para la creación del fondo de apoyo permanente para las instituciones de seguridad pública a partir del próximo año y las aportaciones que realizarán los gobiernos estatales para el fortalecimiento de sus policías municipales, son suficientes para enfrentar el reto de revertir las deficiencias existentes en dichas instituciones, cumplir puntualmente con la capacitación y certificación de sus policías y crear las condiciones institucionales para que la seguridad pública recupere su condición original en el plazo establecido, con las capacidades y eficacia que la situación del país demanda.

Está documentado que el alto número de bajas se deriva de la falta de recursos con que operan muchas corporaciones policiales.