Corrupción y género: ¿Son las mujeres menos corruptas?

El 9 de diciembre fue determinado por la ONU como el “Día Internacional contra la Corrupción” En este año de 2022, la conmemoración tiene por objetivo “poner de relieve el vínculo crucial entre la lucha contra la corrupción y la paz, la seguridad y el desarrollo. Su núcleo es la noción de que la lucha contra este delito es un derecho y una responsabilidad de todos, y que solo a través de la cooperación y la implicación de todas y cada una de las personas e instituciones podremos superar el impacto negativo de este delito”.

El género impacta sin duda en la cultura, los roles y la participación de mujeres y hombres en sociedad. Hasta hace muy poco, las mujeres se entendían como “reinas del hogar”, responsables únicas de crianza y cuidados pero que difícilmente se veían en el ámbito público o privado dirigiendo países, empresas, medios de comunicación u organismos nacionales e internacionales.

La vida ha cambiado en relativamente pocos años; cada vez hay más mujeres al frente de la toma de decisiones, pero, ¿esto significa que la corrupción, cáncer que alcanza todas las esferas sociales, está disminuyendo? ¿son las mujeres menos corruptas que los hombres? Cuando las mujeres se postulan a cargos o buscan promociones laborales, al parecer se les adjudica la idea subyacente de que ellas, a diferencia de los hombres, son incorruptibles.

Estudios establecen que la correlación “más mujeres menos corrupción” depende del contexto, es decir, que si existe una pauta diferencial entre hombres y mujeres respecto a los actos de corrupción no es de carácter universal. Por ejemplo, una mujer puede condenar más la corrupción porque tiene menos oportunidad de beneficiarse de esta o porque está educada para respetar los valores que inculca a sus hijas e hijos. Así pues, si bien no hay estudios concluyentes, esta idea puede fundamentarse en la brecha de participación laboral y otra, que siguen ellas, aun siendo parte del mercado de trabajo, sin renunciar al rol de principales cuidadoras de sus familias lo que parece ser un freno a la comisión de actividades ilícitas por miedo, cuando a los hombres, la sociedad les promueve más actitudes de desafiar, atreverse e incluso aprovecharse de la situación de poder.

Concepción Fernández Villanueva, directora del departamento de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, opina que lo anterior se debe a condicionamientos sociales y no a una predisposición natural: “Mujeres y hombres son potencialmente igual de corruptos, como también son potencialmente igual de buenos cuidadores de niños y ancianos”; un cambio de roles y de protagonismo social alteraría las proporciones entre las personas imputadas por delitos de corrupción.

Tener más mujeres en el gobierno en un momento determinado o aumentar su representación no afecta la corrupción política; consolidar las instituciones democráticas y liberales sí tiene un efecto en preventivo y de reducción. En los países con mejores constituciones, mejores derechos humanos, leyes y aplicación del Estado de Derecho sí existen no solo menores niveles de corrupción sino también más mujeres en el gobierno. Eso sí que cambia las cosas parejo.

En los hechos, la corrupción sí afecta desproporcionadamente a las mujeres. Una de las modalidades es por medio de la extorsión sexual, en la que funcionarios solicitan favores sexuales a cambio de ofrecer un servicio o de pasar por alto una sanción, ¿otras? trata de personas, discriminación, limitado acceso a los altos cargos, y sin duda, la agudización de la pobreza; las pobres entre los pobres son quienes más marginadas y vulnerables están; la lacra de la corrupción sí que profundiza las desigualdades estructurales.

El gran reto no es entonces tener gobiernos incorruptibles sino una sociedad incorruptible. Las y los gobernantes surgen de las mismas escuelas, las mismas calles, la misma cultura. Cambiar la apología del delito por condena debiera ser la ruta y en ese destino, todas y todos deberíamos estar igualmente comprometidos.

En el

Los países se revisan mutuamente, de manera que el resultado de esa revisión en situ, se complementa con el informe que realizan las instancias que representan a la Alta o el Alto Comisionado en turno de la ONU para los DDHH donde se ha reconocido su competencia, como sabemos hay todavía países que son reactivos a la revisión externa particularmente en esta materia. La sociedad civil también presenta lo que se conoce como informe sombra, con el objeto de tener una revisión integral y real del ejercicio de los DDHH.

Es importante destacar que cuando la sociedad civil especializada en las materias de los derechos humanos es tomada en cuenta por cada país, el avance de las políticas públicas para ir concretando el ejercicio de cada derecho, transita hacia estadios de bienestar social e individual. Por el contrario, cuando en el proceso la presencia de las OSC es marginal o incluso prohibida, se reflejan los obstaculizadores que a su vez, evidencian los problemas que sufre la población; podemos señalar sin dudas, esos gobiernos, son malos gobiernos. Pocos los países han logrado avances en DDHH. Sigue siendo una aspiración la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La evaluación se emprende periódicamente cada cuatro o cinco años a cada país o estado nacional. El resultado de cada informe es revisado por el Consejo en sesiones de trabajo ex profeso en Ginebra, en el antiguo edificio de la anterior Sociedad de las Naciones que fue el antecedente de la ONU; de hecho fue el primer intento de integración de las naciones al terminar la primera guerra mundial. El Tratado de Versalles de 1919 se propuso lograr la paz mundial. Después de su evidente fracaso, en 1945, después de la segunda guerra mundial, se constituye la ONU, otra esperanza para la paz.

México ha dado tres informes al MEPU: el primero en 2009 con Calderón; el segundo en 2013 y el tercero de 2018 le co

marco del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU integrado por países, no por funcionarios de ONU, se crea en 2006 el Mecanismo de Evaluación Periódica Universal MEPU para revisar cómo se encuentra cada país o estado nacional, en el ejercicio de los derechos humanos de su población.

México ha

rrespondieron a Peña, y en 2023 le corresponderá a López Obrador. De entrada tendrá que informar cómo emprendió la prevención y atención de la pandemia del Covid; la crisis de la falta de medicamentos e interrupción de tratamientos de distintas enfermedades crónicas desde el sector salud, como el cáncer en niñas y niños; también el retraso para atender recomendaciones ante las graves violaciones a los derechos humanos en materias de seguridad, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, feminicidio, contra personas de la diversidad sexual, y defensoras de derechos humanos; el desplazamiento forzoso y la vulnerabilidad y riesgos de personas migrantes.

Es necesario insistir en la derogación del arraigo, así como la corrección de la lista de delitos que derivan en prisión preventiva oficiosa en contraposición al sistema de justicia penal acusatorio que no termina de instaurarse en México. Es inevitable que el recuento de los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres, formará parte del informe de las OSC. Hemos avanzado en legislación y marco jurídico, pero seguimos fallando en su implementación, por desgracia no hay paz para las mujeres.

dado tres informes al MEPU: el primero en 2009 con Calderón; el segundo en 2013 y el tercero de 2018 le correspondieron a Peña, y en 2023 le corresponderá a López Obrador. De entrada tendrá que informar cómo emprendió la prevención y atención de la pandemia del Covid; la crisis de la falta de medicamentos e interrupción de tratamientos de enfermedades.