Los retos para 2023

El año que está a punto de terminar solo mostró que muchos políticos quienes ejercen algún cargo público o de elección popular, lo hacen al “ahí se va”. Es más que claro. No planean y tampoco diseñan una estrategia de trabajo a partir de objetivos precisos que ayuden a resolver los problemas que aquejan la población.

Muchos apuestan a la voluntad de Dios y a una falsa popularidad, resultado de una política populista que no es más que una tendencia que supuestamente tiene que ver con trabajar por los intereses y aspiraciones del “pueblo”

Dicho de otra forma: entre más dinero público regulen (que representa el pago de impuestos y contribuciones de las personas) tendrán la simpatía de los gobernados y grandes posibilidades no de reelegirse (es el caso de mandatarios estatales y alcaldes) sino de seguir viviendo del erario aspirando a otros cargos de mayor rango. El presidente de México, por su lado, siempre buscará imponer a su sucesor y a los congresistas ya les gustó el “caminito” para hacer dinero rápido. Todos quieren ganar.

De acuerdo con el historiador Mario Roberto Santucho, el populismo es una concepción de origen burgués que desconoce en los hechos la diversidad de clases sociales; unifica la obrera, el campesinado pobre y mediano, así como la pequeña burguesía bajo la denominación común de “pueblo”.

Lo cierto es que está funcionando en el país, aunque no es exclusivo de Movimiento Regeneración Nacional pues ahora forma parte de la “estrategia” de trabajo de gobiernos emanados de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

El problema estriba en que dar dinero público a “manos llenas” genera serios problemas económicos porque limita el crecimiento económico del país y permite que la tan llamada inflación de la que casi todos hablan, pero que pocos conocen su significado, aumente considerablemente.

La inflación es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda; causa aumento continuo de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, y pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos.

Luego entonces, existe una larga lista de propósitos que deberán ser asumidos y concretados de forma inmediata por quienes ejercen el poder. De otra forma el país seguirá estancado. Algunos de ellos.

1.Más trabajo y menos adulación con sus pares o superiores.

2.Dejar de pensar que las cifras oficiales son garantía de que se está cumpliendo con la gente porque la realidad es otra. Explico: cómo presumir estadísticas basadas en instituciones que son desacreditadas por el propio titular del Ejecutivo de la Nación, Andrés Manuel López Obrador.

3.Dejar de creer que anunciar decenas y cientos de obras públicas muestran la eficiencia de un gobierno.

4.Ya no presumir la entrega de dinero vía los programas oficiales, si los gobernantes, con ello, no les hacen un favor a las personas. Es su obligación, para eso se alquilan.

5.Dejar de aplicar una política patrimonialista, es decir, que se crean dueños del puesto, del dinero público y de los bienes muebles e inmuebles que existen en las instituciones gubernamentales.

6.Dejar de mentir y hacer a un lado el ridículo discurso de que “primero los pobres y el pueblo”.

7.Ya no ser “camaleónicos”; olvidar rencores, odios y enconos pues al final de cuentas, a la inmensa mayoría de los políticos, quienes ahora se creen las “blancas palomitas”, les sale la patética escuela del viejo priismo que ya nadie quiere recordar.

8. Que luchen con su yo interno para que el poder no los muestre tal como son.

9.Entender que nadie tiene el poder absoluto y que discernir es parte de la vida.

10. Que dejen de repetir palabras como si fueran máquinas o loros de que los no apoyan a quienes tienen mayoría en el poder son conservadores o “fifis”. Caen mal.

La lista es larga, pero tendrán 365 días para cambiar, claro está, si es que así lo desean. Al tiempo.

Fiel al

Hoy más que nunca, los legisladores oficialistas tienen la gran responsabilidad de ser analíticos, responsables y de escuchar las demandas ciudadanas, de expertos, académicos, de foros internacionales, y desde luego, la voz de la oposición, que hemos expresado nuestra preocupación ante la inminente intención de debilitar al Instituto Nacional Electoral.

Pareciera que a este gobierno no le importa pasar sobre la Ley, porque la conciben como un cuento, casi como un llamado a misa al que acude quien quiere, alejado por cierto, de esa doctrina Juarista que mucho adulan y poco practican.

Pese a que Morena no logró los votos suficientes en la Cámara de Diputados para impulsar una reforma electoral de carácter constitucional, el plan B del presidente se puso en marcha de inmediato, tal y como lo anunció desde que supo que sería imposible lograr los votos necesarios de la oposición.

Pero ¿qué significa este plan B? De entrada representa una regresión para la democracia y vulnera la autonomía del INE; entre otras cosas, plantean temas tan delicados como permitir que un ciudadano que enfrente un proceso penal pueda ser candidato, contrario a lo que establece la constitución. También hace referencia a la desaparición de la sala especializada del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y vulnera la secrecía del voto en el extranjero.

Asimismo, esta reforma contempla la reducción de las juntas distritales, lo que pone en evidente riesgo la capacidad de organización de las elecciones, vulnerando principios fundamentales como la cer

sello de la casa, el Dictamen de Reforma Electoral llegó al Senado de la República “al cuarto para las tres”, y se pretende aprobar, sin que haya oportunidad del mínimo análisis serio, técnico e integral, que permita a las y los senadores tomar una decisión tan importante para la vida política de México.

teza y legalidad de las mismas, en otras palabras, debilita al sistema democrático de México y vulnera la legalidad de los comicios electorales.

Se trata pues de una reforma plagada de planteamientos que pretenden que el gobierno en turno tenga todo el control de las elecciones y eliminen las sanciones de actos anticipados de campaña, cuya dedicatoria está enfocada en las llamadas corcholatas del presidente.

El propio gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, ha aceptado las sistemáticas fallas constitucionales con las que se redactó el plan B del presidente, que pese a saber que existan tales inconsistencias, están dispuestos a impulsarlas hasta las últimas consecuencias.

Desde este espacio anticipo y reitero mi firme convicción de seguir adelante con la defensa de la autonomía del INE y de la democracia que debería importar a todos los mexicanos. Respaldo ampliamente la postura de que una reforma de gran calado, requiere de tiempo, análisis y consensos, para que se convierta en un instrumento de utilidad que fortalezca la democracia y las garantías de los ciudadanos.

Aprovecho este espacio para exhortar a los legisladores de Morena y la gobernadora del Estado, para que antepongan los derechos de los mexicanos, sobre su ideología partidista e incondicionalidad al presidente; y a la sociedad a que se exprese en libertad y sin manipulación ni presión alguna de los gobiernos federal y estatal, recordándoles que los programas sociales son derechos constitucionales y su uso con fines políticos representa un delito. Yo también estoy en marcha por el INE. Agradezco el favor de su lectura.