Reforma electoral avanza con reclamos
CDMX. Senadores aprobaron ayer en dos sesiones por separado, no en una sola reunión de comisiones unidas como prevé el Reglamento del Senado de la República, la minuta de reforma electoral que envió la Cámara de Diputados, la cual se espera que sea sometida este miércoles a consideración del Pleno.
En una sesión fast track de 35 minutos, Morena y sus aliados votaron a favor la minuta en la Comisión de Gobernación y más tarde la aprobaron en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda (siete sufragios a favor, tres en contra y una abstención). Así, no se cumplió con la idea de revisar y aprobar sin prisas el documento, como señaló el morenista Ricardo Monreal.
El proyecto reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El senador Damián Zepeda, del PAN, criticó a Morena y sus aliados del PVEM y PT por haber votado fast track una propuesta de reforma de leyes secundarias, enviada por el Ejecutivo, y no haber leído el documento de más de 600 cuartillas que forman parte del dictamen.
Senadores de oposición presentaron su postura sobre la aprobación fast track que se llevó a cabo en la Comisión de Estudios Legislativos. Germán Martínez, del Grupo Plural, señaló que no se hicieron modificaciones para controlar el dinero en efectivo e incluso podrían ingresar recursos del crimen organizado en campañas electorales.
Entre las modificaciones aprobadas destaca que independientemente del tipo de elección, convenio de coalición o de candidatura común , cada uno de los partidos políticos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral.
Los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en la ley; “en ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”.
Los cambios hechos por los senadores, también eliminan la disposición que proponía que “al partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro, salvo que haya conservado el registro como partido local, obteniendo al menos el tres por ciento de la votación válida emitida, en al menos la mitad más uno del total de las entidades ”.
Contrario a las restricciones actuales, el dictamen que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas propone modificar la interpretación del concepto de propaganda gubernamental, con el fin de garantizar el derecho a la información sobre la actuación pública.
Previo a la aprobación en comisiones, los grupos de Morena, PVEM, PT y PES se reunieron con el titular de Gobernación
aprueben los senadores sera devuelto a la Cámara de Diputados para una nueva aprobación antes del 15 de diciembre
21 INCONSISTENCIAS
constitucionales tenía la reforma aprobada por diputados ¿Dónde están los consejeros del INE?
Lo que
Luego de la “institucionalización” de la llamada revolución mexicana, desde el sexenio 19401946, cada gobierno de la república ha hecho reformas a la legislación electoral y en algunos casos la transformación de las leyes fue absoluta. Sin embargo, la autonomía del organismo encargado de los procesos electorales data apenas de 1996, hace 26 años. La primera legislación electoral posrevolucionaria fue aprobada el 6 de febrero de 1917, un día después de la promulgación de la Constitución de ese año. Desde entonces, las modificaciones, así sean mínimas, a la legislación electoral han sido presentadas como avances democráticos promovidos por el gobierno en turno, aunque en realidad hayan sido producto de luchas opositoras y de situaciones insostenibles que afectaban la imagen del país en el exterior.
A vuela pluma y de memoria se pueden recordar como “grandes logros” democráticos promovidos por los gobiernos en turno: el voto a las mujeres, los diputados de partido para que la oposición accediera al Poder Legislativo; el voto a los jóvenes de 18 años y las reducciones en los límites de edad para acceder a cargos de elección popular, luego de las represiones del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971; la reforma electoral del gobierno de José López Portillo, —quien fue candidato único a la presidencia de la República por el retiro del PAN y el apoyo que le dieron los supuestos opositores PPS y PARM y que “compitió” con un candidato no registrado del PCM, Valentín Campa—, y quien en 1976 ganó la elección con el 9899 por ciento de la votación, porcentaje que nadie creyó ni en México, ni mucho menos en el extranjero. Y, por supuesto, las reformas de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, a raíz de lo que consideró el gran fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y la insurgencia popular electoral en varios estados, destacadamente en San Luis Potosí y Guanajuato. Es justo reconocer que, en su momento, cada modificación a las normas electorales pudo significar algún avance democrático, arrancado al poder, que las aprovechó en su beneficio e imagen.
Lo que nunca ocurrió, hasta 1996, fue que el gobierno cediera el control de los procesos electorales. Sí, el voto femenino y a los jóvenes, diputados de partido y plurinominales, nuevas credenciales de elector, nuevos padrones electorales, nuevos partidos, más diputados y senadores, lo que fuera, pero nunca perder el control de la organización de las elecciones y su calificación de legales y legítimas por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, donde —como ahora— la mayoría imponía su voluntad sin cambiar ninguna coma.
El secreto, la clave, para el inicio de la nueva democracia mexicana fue crear un organismo autónomo para la organización y calificación de las elecciones, el levantamiento y control de un nuevo padrón electoral, las nuevas credenciales y la lista nominal de electores, sustentado en la participación real de los ciudadanos (los funcionarios de casilla son sorteados y son los vecinos de la zona en que están ubicadas) y también los representantes de cada partido político participante, que al término del conteo obtienen copias oficiales de los resultados.
Y, por cierto, sólo por cierto, ¿Sólo Lorenzo Córdova y Ciro Murayama son los defensores de la institución creada por la exigencia ciudadana?