Decretan estado de emergencia en Perú
El llamado de Boluarte a elecciones en 2024 no frena la violencia y las tomas de carreteras
EFE, AFP, Reuters y Europa Press
LIMA. El gobierno de Perú anunció un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024 y decretó el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento sureño de Apurímac, epicentro de las protestas que piden la destitución de la presidenta Dina Boluarte y en la que han fallecido, al menos, siete manifestantes.
Sin embargo, los anuncios sólo encendieron las protestas y miles de personas cortaron ayer carreteras por todo Perú, tomaron el aeropuerto de Arequipa, el tercero mayor del país, e iniciaron un paro indefinido en una región minera.
“Interpretando la voluntad de la ciudadanía (...) he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para abril del 2024”, dijo Boluarte en un mensaje a nación.
Más tarde, el proyecto de ley fue entregado al Congreso con las firmas de Boluarte y su primer ministro, Pedro Angulo.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo publicó en el diario oficial el estado de emergencia, que busca mantener el “orden interno” en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes con el trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.
Durante 60 días quedará suspendido en la provincia de Apurimac los derechos constitucionales relativos a “la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, según el artículo 2 de la constitución peruana.
En tanto, cinco manifestantes más murieron en protestas en Arequipa y Apurímac que reclamaban la renuncia de Boluarte, lo que elevó a siete el total de fallecidos en Perú desde el domingo por la tarde, anunció la Defensoría del Pueblo.
Entre los muertos figuran tres adolescentes que tenían 15 y l6 años.
Policías intentan
Uno de los decesos ocurrió en Arequipa, segunda ciudad de Perú, durante la represión policial para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto de esa ciudad tomada por mil 500 manifestantes.
Otras dos civiles murieron en una marcha repelida por antimotines en Chincheros, en Apurímac, cuna de Boluarte.
Además, al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas, entre ellas las panamericanas Sur y Norte, fueron cortados por manifestantes afines al destituido y encarcelado Pedro Castillo.
El punto donde se han registrado protestas más numerosas es la localidad de Chala, en Arequipa una de las cunas de la minería peruana, donde cerca de 4 mil personas participan en la protesta.
Las regiones del sur de Perú, donde Castillo tiene más apoyo, suman la mayoría de los cortes de la red de carretas, principalmente en los departamentos de Arequipa, donde los manifestantes también tomaron el aeropuerto internacional, y Cuzco.
Pobladores de una comunidad andina del Cusco bloqueaban una carretera clave que usa la mina de cobre Las Bambas, de la china MMG.
Más temprano, comunidades indígenas habían anunciado un paro indefini
Boluarte dio do en Apurímac, donde se ubica Las Bambas, en el marco de protestas.
A las protestas contra Boluarte se sumaron ayer los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia, quienes expresaron “su profunda preocupación por
ONU CRITICA REPRESIÓN LA OFICINA
de la ONU para los Derechos Humanos criticó el aumento de la violencia y “el uso innecesario de la fuerza” de la Policía los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente de Perú y que ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.
En un comunicado conjunto publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo objeto de un “tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”, dijeron en el comunicado publicado después de que muchos de ellos ya hayan expresado su preocupación por la crisis desencadenada en Perú desde que Castillo decidiera disolver el Congreso, en lo que muchos vieron como un golpe de Estado, y fuera arrestado por ello.
Con ese llamado, además, piden a “quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio” y a las autoridades que “respeten a cabalidad los derechos humanos de Castillo y que se le garantice la protección judicial”.
“USURPADORA”
Al respecto, Castillo dijo en una carta publicada en su cuenta de Twitter que se encuentra en el trance más difícil de su gobierno, “maltratado y secuestrado”, y calificó a su sucesora como “usurpadora”.
Es el primer comunicado de Castillo desde que fue detenido la pasada semana por los presuntos delitos de rebelión, por quebrantar el orden constitucional del país, y de “conspiración” contra el Estado.
“Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”, dijo en la carta manuscrita publicada por Castillo.
En el mismo documento, Castillo pidió una asamblea constituyente de forma inmediata y pidió no caer en el “juego sucio” de la propuesta de Boluarte de adelantar las elecciones generales.