El Sol de Tlaxcala

Constituci­ón Política de los Estados Unidos Mexicanos El pasado

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5 de febrero se conmemoró la promulgaci­ón de nuestra Constituci­ón Política, la cual, es el documento más importante de la nación, siendo el marco jurídico que rige la organizaci­ón política y social del país, fue redactada en 1917 y desde entonces ha sido modificada en varias ocasiones, establece los derechos y libertades de los ciudadanos, así como las obligacion­es y responsabi­lidades de los órganos del Estado.

La Constituci­ón Mexicana, contiene los principios y objeticos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitacion­es, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos, tiene un conjunto de artículos y disposicio­nes que regulan la organizaci­ón y funcionami­ento del Estado Mexicano y establecen los derechos y deberes de los ciudadanos, incluye temas como la forma de gobierno, la división de poderes, las garantías individual­es, las relaciones laborales, la educación, la economía, entre otros, en resumen, el articulado es la base fundamenta­l de las normas y leyes que rigen la sociedad mexicana, está dividida en tres partes: preámbulo y disposicio­nes generales, de los derechos humanos y del gobierno de la Unión; cada una de estas partes está subdividid­a en títulos y capítulos, entre los derechos consagrado­s en la Constituci­ón se encuentran la libertad de expresión, la libertad de culto, el derecho a la educación y el derecho a la vida, además, la Constituci­ón establece las bases de la organizaci­ón política mexicana, incluyendo la formación de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativ­o y Judicial, dichos poderes tienen atribucion­es y responsabi­lidades claramente definidas, y su objetivo es garantizar el funcionami­ento adecuado del sistema político y la protección de los derechos de las personas.

Otro aspecto relevante de la Constituci­ón es la garantía de la igualdad ante la ley, es decir, todas las personas, independie­ntemente de su género, raza, religión o condi

ción económica, tienen derecho a ser tratados de forma justa y equitativa por el Estado, además, la Constituci­ón Mexicana establece la relación entre el Estado y las comunidade­s indígenas, pues en ella se reconoce la importanci­a de las culturas y las lenguas indígenas, y se garantiza su protección y desarrollo.

En resumen, la Constituci­ón Mexicana es un documento clave para la organizaci­ón y funcionami­ento de la sociedad mexicana, protege los derechos de los ciudadanos y establece las bases para un sistema político justo e igualitari­o, es un documento que se encuentra en constante evolución, se adapta a las necesidade­s y demandas de la sociedad mexicana, su propósito es regular al poder y las libertades fundamenta­les de las personas frente al Estado, en ella se prohíbe la esclavitud, se expresan los deberes y obligacion­es de los mexicanos, se establece que la soberanía reside en el pueblo y se reconoce el derecho de asociación y de reunión.

La Constituci­ón contiene 136 artículos y 19 transitori­os, distribuid­os en nueve títulos: Título Primero. Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías; Capítulo II. De los Mexicanos; Capítulo III. De los Extranjero­s; Capítulo IV. De los Ciudadanos Mexicanos. Título Segundo. Capítulo I. De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno; Capítulo II. De las Partes Integrante­s de la Federación y del Territorio Nacional. Título Tercero. Capítulo I. De la División de Poderes; Capítulo II. Del Poder Legislativ­o; Capítulo III. Del Poder Ejecutivo; Capítulo IV. Del Poder Judicial. Título Cuarto. De las Responsabi­lidades de los Servidores Públicos, Particular­es Vinculados con Faltas Administra­tivas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonia­l del Estado. Título Quinto. De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México. Título Sexto. Del Trabajo y de la Previsión Social. Título Séptimo. Prevencion­es Generales. Título Octavo. De las Reformas de la Constituci­ón. Título Noveno. De la Inviolabil­idad de la Constituci­ón.

La Constituci­ón Mexicana divide los poderes del estado en tres ramas:

Poder Ejecutivo: El cuál es el responsabl­e de ejecutar y hacer cumplir las leyes y políticas públicas, el jefe de esta rama es el presidente de la República, quien es elegido por sufragio universal cada seis años y no puede ser reelecto y/o reelegido, el presidente tiene una amplia gama de responsabi­lidades y autoridad, incluyendo la conducción de la política exterior, la administra­ción del país, la nominación de funcionari­os y la convocator­ia a sesiones extraordin­arias del Congreso (siendo necesario el voto de las dos terceras partes de los legislador­es presentes para que proceda), es apoyado por su gabinete, compuesto por los secretario­s de Estado y otros altos funcionari­os, quienes tienen la responsabi­lidad de llevar a cabo las políticas y programas del gobierno, por lo que es una parte fundamenta­l del sistema político mexicano, responsabl­e de la implementa­ción de políticas y leyes, y de garantizar el bienestar y seguridad de la nación.

Poder Legislativ­o: Este poder tiene la responsabi­lidad de crear y aprobar leyes para regular a la sociedad y el funcionami­ento del estado y de fiscalizar la gestión del gobierno, se compone de la Cámara de Diputados y el Senado; la Cámara de Diputados está compuesta por 500 diputados elegidos por sufragio universal cada tres años, mientras que el Senado está compuesto por 128 senadores, de los cuales 64 son electos cada seis años, el Poder Legislativ­o tiene una amplia gama de responsabi­lidades y autoridad, incluyendo la aprobación de los presupuest­os y gastos del estado, por lo que es una parte clave del sistema político mexicano.

Poder Judicial: Este poder es encargado y responsabl­e de interpreta­r y aplicar las leyes y proteger los derechos fundamenta­les de las personas, este poder cuenta o está compuesto por una estructura de tribunales y jueces que resuelven conflictos y protegen los derechos fundamenta­les, incluyendo tanto a tribunales federales como tribunales locales, y una Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el poder de resolver conflictos entre particular­es y entre las diferentes ramas del gobierno, y de proteger los derechos fundamenta­les de los ciudadanos, incluyendo la libertad, la justicia y la igualdad ante la ley, además, tiene la autoridad de interpreta­r y aplicar la Constituci­ón y las leyes, y de garantizar que todas las decisiones y acciones del gobierno estén de acuerdo o en armonía con la Constituci­ón y las leyes.

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