Nada para nadie
Los burócratas
adheridos al Sindicato “7 de Mayo” exigen su Toma de Nota, pero en vez de eso, lo único que al momento han recibido es una `tomada de pelo'.
Ni porque el pasado viernes un numeroso grupo se plantó frente a las oficinas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) y aprovechó la gira de trabajo del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para pedir su intervención, les llegará la anhelada Toma de Nota.
Los bandos que encabezan Enrique Escobar y Karina Erazo, deberán esperar a que el TCyA culmine el estudio de las asambleas simultáneas del pasado 9 de diciembre, para que con base en la ley se defina al Comité Ejecutivo y Comité de Vigilancia.
Aunque el bando que por atrás lidera el depuesto Edgar Tlapale, afirma que este 8 de febrero recibirá la Toma de Nota, lo cierto es que hasta hoy no hay nada para nadie y tendrán que sacar su silla para esperar sentados la resolución.
Los exdirigentes Pedro Erazo y Guadalupe Rodríguez, quienes ahora impulsan a su hija para dirigir uno de los sindicatos más poderosos de la entidad, también se van a quedar con las ganas y aunque presuman que su comadre la gobernadora Lorena Cuéllar tiene un compromiso político con ellos, será la ley y nada más que la ley la que culmine con este conflicto.
Y ya que hablamos de legalidades, el grupo que protestó el pasado viernes podría enfrentar una denuncia penal ante la privación ilegal de la libertad del presidente del TCyA, Miguel Ángel Tlapale, así como de su personal.
Los burócratas no permitieron la salida de los empleados desde las 09:00 horas del viernes y hasta las 01:30 horas de la madrugada del sábado; incluso, tampoco dejaron que les pasaran sus alimentos.
Pero mientras al interior del Tribunal todo era tristeza y desolación por la protesta sindical, al exterior se armó la fiesta en grande y la avenida Guerrero no solo se convirtió en una improvisada pista de baile, sino también en cantina al ingerir los burócratas bebidas alcohólicas y hacer sus necesidades fisiológicas en plena vía pública.
Con esas actitudes, cómo creer que la base trabajadora no permitirá ningún atropello o que se vulnere su autonomía, si ellos mismos son los que no dan ejemplo de seriedad.
RASPÓN
Casi nadie se dio cuenta, pero en su reciente visita a Tlaxcala, Adán Augusto López le dio su raspón al exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, quien meses atrás fungió como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación, pero dejó el cargo por incompatibilidad con su jefe.
El Secretario de Gobernación dijo que en la entidad los secuestros han ido a la baja considerablemente y que Tlaxcala ocupa los últimos lugares en esta incidencia a nivel nacional, a diferencia del pasado.
No solo eso, fue más allá al decir que anteriormente los gobiernos pactaron con personas relacionadas al crimen organizado para cometer delitos.
Información oficial que obra en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), indica que durante el sexenio de Sánchez Anaya hubo un total de 130 casos de privación ilegal de la libertad tan solo en 1999.
En el año 2000 se elevó a 154 casos; en 2001 pasó a 130; en 2002 llegó a 160; en 2003 fueron 76; mientras que para 2004 se llegó a 57.
En aquel entonces el titular de la PGJE era Eduardo Medel Quiroz, quien ahora asesora al gobierno capitalino de Jorge Corichi en temas financieros.
En tanto, el Subprocurador contratado por Sánchez Anaya era el extinto Edgar Bayardo del Villar, cuyo nombre recientemente salió a relucir en el juicio que se le sigue a Genaro García Luna en Nueva York, Estados Unidos de América.
De acuerdo con Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, primer testigo durante el juicio al exmando policiaco en el gobierno de Felipe Calderón, reveló a la DEA que García Luna tenía nexos con el Cártel de Sinaloa y que vio un video de la camioneta del entonces comandante de la Policía Federal, Edgar Bayardo del Villar, afuera de la casa del “Rey Zambada”.
Y tras la muerte del capo, Bayardo se volvió testigo protegido de la Procuraduría General de la República, pero como es sabido, lo mataron en un Starbucks de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
¿Le pesarán estos antecedentes al secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, en su loca idea de ser Senador? Al tiempo.