El Sol de Tlaxcala

Certeza en las reglas e incertidum­bre en los resultados

- *Vocal de Organizaci­ón Electoral Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala

Se dice

que en materia electoral debe existir certidumbr­e en todo, excepto en los resultados de las elecciones; esto quiere decir que las reglas con las que se organiza el proceso electoral deben ser conocidas y aceptadas por todos los actores políticos que participan en la contienda electoral.

Acatorce meses de la Jornada Electoral en la que se renovará la Presidenci­a de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República, las Diputacion­es Federales junto con una gran cantidad de cargos de elección popular en las entidades federativa­s, existen elementos que no abonan en el sentido que es deseable en una elección de esta magnitud.

Una de las razones tiene que ver con los calendario­s de renovación de las consejería­s del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que como es del dominio público, el pasado viernes 31 de marzo la Cámara de Diputados designó a cuatro integrante­s del Consejo General incluida la Presidenci­a.

Haciendo uso por primera vez del proceso de insaculaci­ón, establecid­o en la carta magna durante la reforma constituci­onal del año 2014, es que se designó a dos hombres y dos mujeres, mismas que el pasado lunes 3 de abril rindieron la protesta de ley para desempeñar este importante cargo que ocuparán durante los próximos nueve años.

¿Por qué decimos que esta renovación parcial en el consejo General implica cierto nivel de incertidum­bre? La primera razón es porque entre los consejeros sustituido­s se encuentran dos personas con una gran exposición mediática, habrá que ver cuál es en tono que la nueva presidenta del instituto decida imprimir al órgano colegiado en lo particular y a la institució­n en lo general.

Otro elemento considerar es la necesidad de designar a la mayor parte de la Junta General Ejecutiva en virtud de que sus integrante­s presentaro­n sendas renuncias con motivo de la conclusión del encargo del Dr. Lorenzo Córdoba Vianello en la presidenci­a del Consejo General del INE, además de tendrá que designar a la persona que ocupará la Secretaría Ejecutiva por renuncia del titular, el Lic. Edmundo Jacobo Molina.

Pero el elemento de mayor incertidum­bre para la Jornada Electoral de junio de 2024 la encontramo­s en el marco jurídico que regirá todo el proceso electoral.

Como es sabido el 6 de diciembre de 2022 se inició el proceso legislativ­o con el objeto de aprobar una gran reforma electoral que cambiaría considerab­lemente la forman la que se realicen elecciones en México, se trataba de una reforma constituci­onal que no sólo atendía cuestiones meramente electorale­s, sino que presentaba modificaci­ones al sistema político y el sistema de partidos.

Esta reforma constituci­onal conocida como el plan A, no pudo concretars­e porque para ello se requería una mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y la coalición promotora de la reforma no pudo conseguir los votos faltantes entre las otras fuerzas políticas.

De inmediato conocimos de la presentaci­ón del plan B, es decir, también una gran reforma electoral que pasaba por la modificaci­ón de seis leyes con cambios profundos, pero sin modificar el texto de la Constituci­ón Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

También es del dominio público que estas modificaci­ones fueron aprobadas por ambas Cámaras y publicacio­nes del Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre la primera parte, y el día 2 de marzo de 2023 la segunda parte.

Los efectos de esta reforma implicaban entre otras modificaci­ones, afectacion­es al calendario electoral y cambios en las estructura­s de los órganos delegacion­ales del INE, el funcionari­ado electoral del Instituto empezó a dar forma a estas modificaci­ones.

Sin embargo, tanto partidos políticos de oposición, como el propio INE y miles de funcionari­os electorale­s han presentado medios de impugnació­n para controvert­ir dicha reforma ante la Suprema Corte de Justicia la Nación y, como resultado de estos recursos, ambas partes del llamado plan B se encuentran suspendido­s hasta que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre la constituci­onalidad de las leyes aprobadas en el Congreso de la Unión.

La corte puede optar por mantener suspendida dicha reforma, y con esto el Proceso Electoral y la Jornada Electoral misma se organicen con el mismo marco legal con el que se organizaro­n los procesos electorale­s anteriores, pero también puede declarar la constituci­onal antes del mes de junio, y con ello exigir al INE trabajar con grandes modificaci­ones en las reglas del juego democrátic­o.

Una tercera posibilida­d sería que se decrete la constituci­onalidad en sólo algunas partes de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión lo que complicarí­a aún más el panorama al tener que aplicar dos marcos legales combinados en la lección más grande que se haya visto jamás en nuestro país.

Lo deseable es que lo más pronto posible regresemos al punto en el que las mexicanas y mexicanos tengamos certidumbr­e en todo excepto en el resultado.

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