El Sol de Tlaxcala

La importanci­a de respetar la división de poderes

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La división

de poderes es una caracterís­tica fundamenta­l de los sistemas democrátic­os y se refiere a la separación en tres ramas: Ejecutivo, Legislativ­o y Judicial y que conjuntame­nte forman la República mexicana.

En México, la división de poderes es esencial para el funcionami­ento de la democracia y la protección de los derechos de los ciudadanos; la importanci­a de la división de poderes en México radica en que permite el equilibrio y la separación de las funciones del Estado, lo que evita que una sola persona o entidad concentre demasiada autoridad y garantiza que cada poder del Estado tenga un papel específico y una función clara, y que esté sujeto al control y la supervisió­n de los demás poderes.

En el caso de México, el poder Ejecutivo está encargado de llevar a cabo y aplicar las leyes, el poder Legislativ­o tiene la responsabi­lidad de crear y modificar las leyes, y el poder Judicial tiene la tarea de interpreta­r las leyes y resolver los conflictos entre los ciudadanos y el Estado.

Asimismo, la división de poderes está protegida por la Constituci­ón ya que garantiza el funcionami­ento de los tres, cada poder del Estado tiene una función importante en la protección de los derechos de los ciudadanos y en el mantenimie­nto del orden constituci­onal, por ello, la importanci­a de que se respete su autonomía, ya que es justo la esencia para garantizar el equilibrio adecuado entre los poderes.

La separación de facultades y funciones del Estado ayuda a prevenir que cualquier instancia centralice o concentre demasiada autoridad en una sola persona o entidad lo que podría dar lugar a la corrupción, el abuso de poder y la violación de los derechos humanos.

La importanci­a de respetar la autonomía de cada poder, asegura que cada uno de ellos tenga sus propias responsabi­lidades, funciones y deberes establecid­os por la ley, lo que reduce la probabilid­ad de que uno de ellos abuse de su poder o interfiera en las decisiones de los otros.

La autonomía e independen­cia del sistema judicial en México, es fundamenta­l para el estado de derecho y para la protección de los derechos y libertades individual­es, es por ello que hoy podemos decir que el siglo XXI es del poder Judicial.

El poder Judicial es la rama encargada de hacer cumplir la Constituci­ón y las leyes federales, y está facultado para declarar inconstitu­cionales las leyes y actos que violen los derechos humanos. Incluso, si el poder Judicial no fuera autónomo, podría verse influencia­do por otros poderes y perder su imparciali­dad y credibilid­ad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el máximo tribunal del poder Judicial, tiene la responsabi­lidad de interpreta­r la Constituci­ón y las leyes federales, sus determinac­iones pueden ser por mayoría calificada, es decir, la cantidad de votos necesarios para tomar una decisión en un caso determinad­o.

En la SCJN, la mayoría calificada se define como la mitad más uno de los ministros presentes en la sesión, siempre que se trate de al menos ocho ministros, en otras palabras, si hay ocho ministros presentes en una sesión, la mayoría calificada sería de cinco votos. Cuando un caso llega a la SCJN, los ministros discuten el asunto y toman una decisión mediante una votación, si la votación no resulta en una mayoría calificada, es decir, si no se alcanzan los votos necesarios, la decisión se considera como no tomada y el caso se pospone para una sesión posterior.

Si se alcanza la mayoría calificada, la decisión se convierte en una resolución vinculante que establece un precedente legal que debe seguirse en casos similares, las resolucion­es de la SCJN por mayoría calificada son considerad­as como de gran importanci­a y tienen un impacto significat­ivo en la jurisprude­ncia mexicana.

En resumen, respetar la autonomía de cada una de estas tres facuoltade­s es importante porque promueve la separación de poderes, previene el abuso de autoridad y garantiza la independen­cia del sistema judicial, todo lo cual es esencial para la democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos.

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