División de poderes
Los temas
electorales y, estos, aunque técnicos y jurídicos no dejan de tener efectos políticos; eso es inevitable porque la conversión de votos en escaños, aunque es un procedimiento técnico, tiene efectos en la integración de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; es decir, los efectos políticos de un procedimiento técnico están a la vista.
Lo mismo ha ocurrido con el presente proceso de creación de normas electorales del que ya hemos dado cuenta en anteriores entregas, este proceso que inició la primera semana de diciembre del año pasado, ha seguido su curso y se encuentra en fase de deliberación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se resolverá de manera definitiva sobre el destino de esas reformas.
El lunes pasado se presentó en el pleno del máximo tribunal del país, la primera parte del plan B, para sorpresa de muchos, una discusión que se esperaba que se llevase a cabo durante varias sesiones, terminó en la misma sesión sin entrar al fonde del asunto, pues nueve de los 11 ministros y ministras consideró que había violaciones al procedimiento legislativo y que era de una gravedad tal que ameritaba la invalidez de todo el decreto.
Esta primera parte del llamado plan B se refiere sólo a dos leyes: la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; sin embargo, los actores políticos han mostrado gran interés en los trabajos de la Corte, sin duda la razón es porque los argumentos presentados por el ministro ponente para proponer la invalidez de estas dos primeras leyes, podrían afectar al resto de la reforma, es decir, a la totalidad de las leyes modificadas en esta última reforma electoral.
Uno de los actores que han mostrado un inusitado interés en esta discusión es la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, los medios de comunicación han dado cuenta de dos comunicados relacionados con este proceso de deliberación en la Suprema Corte.
El primero de ellos tiene que ver con la solicitud de aplazamiento de la discusión relacionada con la Ley General de Comunicación Social, el argumento central es que está pendiente una discusión relacionada con esta misma ley producto de una reforma del año 2018; este comunicado amerita por lo menos dos consideraciones: la primera, tiene que ver con el aparente cambio de estrategia sobre la urgencia de esta reforma electoral, pues si observamos la celeridad con la que se aprobaron estas leyes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, se generó una percepción de urgencia, sin embargo, este comunicado pide esperar.
También es conocida la respuesta de la Suprema Corte de Justicia emitida al respecto por unanimidad de 11 ministros y ministras; no ha lugar a detener la discusión, puesto que se impugnaron artículos diferentes porque no hay riesgo de sentencias contradictorias como se planteó en la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
La segunda consideración es que la discusión y resolución de aquella primera impugnación queda fuera de la responsabilidad de la actual Presidencia de la Suprema Corte, pues la anterior Presidencia tuvo años para enlistarla, discutirla y resolverla. No abundó más sobre este punto.
El segundo comunicado, sobre el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierta en Poder Legislativo, es preocupante, porque en el fondo se asume que el proceso legislativo se llevó a cabo con pulcritud, pues es precisamente el argumento principal del ministro ponente para invalidar dicha reforma; digo que se asume un proceso legislativo pulcro, porque, de no ser así, el problema es más grave, es difícil pensar que la Consejería Jurídica considera que es conveniente pasar por alto los errores, por no decir el dolo del Poder Legislativo, al mismo tiempo que solicita que el Poder Judicial de la Federación se ciña a los límites materiales de su competencia.
No hemos escuchado la opinión del resto de integrantes de ese supremo tribunal, seguramente estarán a la altura y resolverán conforme a derecho, sin importar las recomendaciones externas que reciban, estoy segura de que la división de poderes en nuestro país existe.