Estado de Derecho y capacidades estatales
La pretensión de los Estados –en tanto organizaciones provenientes de un contrato o acuerdo social– se entienden como efigies del acuerdo político de la coexistencia y desarrollo de un grupo de personas a partir de la compartición de características identitarias, territorio, historia, etc. Los Estados sostienen un orden establecido de manera legítima y que, en consecuencia, los gobiernos deben avanzar en la dirección de garantizar que el orden establecido en las leyes se cumpla. Es un principio de legalidad y contemporáneamente ese estatus conocido como “estado de Derecho” es un objetivo en todo el mundo.
Al respecto, se presume que el mantenimiento de un Estado de Derecho tiene beneficios directos para los países. Destacan sobre todo la estabilidad y certidumbre dada a la protección de derechos diversos, por ejemplo, la protección a la vida o a la propiedad. Quizás este último derecho, es el argumento más sólido de quienes poseen el capital para señalar la necesidad de que los países cuenten con estado de Derecho que mantenga estables ciertas condiciones sociales. En consecuencia, se pueda limitar la posibilidad de violencia, impunidad, corrupción, etc. Para lograr estabilidad en las inversiones productivas.
El argumento es –en buena medida acertado– es decir, es innegable señalar la correlación entre el sostenimiento de estado de Derecho (leyes claras que se hacen cumplir) con la mejora de las previsiones de crecimiento y desarrollo de los países. Sin embargo, el argumento parece obviar que el hecho de lograr el cumplimiento estricto de la ley requiere de la mejora en las capacidades de los Estados, los gobiernos. Si los gobiernos no desarrollan capacidades, por ejemplo, burocráticas y de recaudación de ingresos, entonces sus funciones sustantivas para oponerse, vigilar, monitorear y sancionar a otros actores que incumplen las reglas (sean de cualquier tipo) entonces la pretensión de estado de
Derecho es más bien una alegoría a las buenas intenciones.
Además de que el argumento del estado de Derecho no siempre está ligado al requisito inherente de derecho de capacidades institucionales, también está imbuido en una lógica de grupo. Históricamente la argumentación y la exigencia del cumplimiento estricto de las reglas (evidentemente una consigna deseable) se ha hecho desde el poder económico. Los privados, aquellos que detentan el capital, recurren frecuentemente a la exigencia de esta lógica, empero, cuando las reglas no les favorecen entonces la puesta de cuestión, la oposición y la búsqueda de recovecos para evitar las sanciones son evidentes.
Este debate sobre estado de Derecho destaca en la coyuntura de México. En el país se tienen gobiernos con bajas capacidades estatales y problemas estructurales para garantizar el cumplimiento de las reglas, las instituciones. Es uno de los grandes problemas nacionales porque deviene en la imposibilidad de resolver problemas como la corrupción, la impunidad o la inseguridad. Las bajas capacidades institucionales se traducen en limitaciones para que el Estado pueda enfrentarse o implementar medidas coercitivas para enfrentar a otros actores que no siempre comparten los objetivos del desarrollo o crecimiento nacional, como pueden ser las grandes multinacionales o los capitales locales. Si el
El momento
actual en el país sí requiere que las leyes se hagan cumplir, incluso sobre aquellas personas que siempre han alejado la necesidad de vivir en un país de leyes
Estado con capacidades insuficientes se enfrenta (para hacer valer la ley) a estos actores, el conflicto le afecta, limita y afecta. En cambio, si las capacidades fuesen suficientes, entonces el Estado podría –eficazmente– imponer medidas de condicionamiento a particulares.
En la coyuntura nacional destaca la expropiación o –para ser exactos– rescate administrativo realizado por el gobierno federal de un tramo de vías férreas que estaba concesionado a Ferrosur (empresa perteneciente al Grupo México). El retiro de la concesión se argumentó a partir de una lógica de utilidad públicas para continuar con el trazado del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Fue un conflicto, pero el gobierno hizo valer el Estado de Derecho del que tanto hacen alusión los potentados. La opinión pública recordó las múltiples ocasiones en que la legislación no se les aplicó a las acciones del propietario de Grupo México, diciendo: ya era hora de que –en efecto– el Estado aplicara la ley con suficiencia de capacidad.
El momento actual en el país sí requiere que las leyes se hagan cumplir, incluso sobre aquellas personas que siempre han alejado la necesidad de vivir en un país de leyes, pero no habían experimentado su aplicación.