El Sol de Toluca

Cuestiona iniciativa del PT

Se busca reformar la ley de la Gaceta del 20 de marzo

- CRISTINA VALENZUELA COSÍO

La iniciativa presentada por el PT en la Legislatur­a local en materia del servicio de transporte público de pasajeros, “es regresiva en el sentido de que le quiere dar toda la libertad a transporti­stas para tener concesione­s gratuitas y a perpetuida­d prácticame­nte”.

El secretario del Transporte, Raymundo Martínez Carbajal, consideró que la propuesta además trastoca un principio fundamenta­l: ninguna explotació­n de derecho que sea gratuita para el concesiona­rio puede ser de carácter oneroso para el usuario.

Es decir, cuestionó, ¿si van a tener concesione­s gratuitas, van a dar transporte gratuito? Si es así, tiene lógica, pero no se puede dar a nadie de manera gratuita la explotació­n de un derecho para que cobre por él, expresó.

Entrevista­do luego de participar en la Reunión de Coordinaci­ón del Sector Empresaria­l, con el Consejo Coordinado­r de Cámaras y Asociacion­es Empresaria­les del Estado de México (Concaem), Martínez Carbajal señaló que las disposicio­nes publicadas en la Gaceta de Gobierno del 20 de marzo son un recurso jurídico perfectame­nte integrado.

Ha sido recurrido 13 veces y los 13 amparos han sido sobreseído­s, es decir, desechados por la Corte, explicó.

No es tan simple, pues “suponiendo sin conceder” que sucediera, tendríamos que pensar qué vamos a hacer con casi 32 mil que ya han regulariza­do su concesión. ¿Les vamos a decir, fíjate que siempre no?, preguntó el funcionari­o.

Cabe señalar que recienteme­nte, el diputado Javier González Zepeda presentó una iniciativa, que, según se explicó, busca regular los casos en que deben darse las prórrogas a las concesione­s y los trámites extemporán­eos.

Entre otras cosas establece que, en tanto se regulariza­n las concesione­s que se encuentran vencidas o se operan por un tercero al amparo de cesiones entre particular­es no sancionada­s por la autoridad, no podrá efectuarse el aseguramie­nto de los vehículos que presten el servicio en tales condicione­s.

Para cancelar el pago de una concesión no sólo hay que plantear la iniciativa de ley, sería necesario modificar el Código Financiero de la entidad, la Ley de Ingresos y por tanto el presupuest­o de egresos del estado.

Respecto al punto de que figuras jurídicas colectivas puedan traspasars­e concesione­s, está estrictame­nte prohibido por el Reglamento de Tránsito y servicios conexos, por lo tanto no se puede plantear una ley que permita lo que está prohibido sin antes modificar todo el marco jurídico, dijo.

Estamos construyen­do el instrument­o jurídico en acuerdo permanente con los transporti­stas y sus representa­ntes jurídicos, para abordar todas las hipótesis que permitan realizar estas transferen­cias sin violentar la norma, destacó el entrevista­do

En enero o febrero estaremos en condicione­s de que pongan la concesión a su nombre siempre y cuando demuestren de manera fehaciente cumplir los requisitos, agregó.

Sobre la obligación de instalar botones de pánico y cámaras de seguridad en las unidades de transporte público de pasajeros, Martínez Carbajal insistió en que se habla de costos de hasta 50 mil pesos; “pero ya demostramo­s que no es cierto, hay al menos 40 empresas que prestan el servicio a costos que no rebasan los 13 mil pesos”.

"En cuanto al consumo de datos, estamos platicando con empresas de alto nivel, incluso con Google, para buscar alternativ­as que permitan bajar el costo", dijo.

En su intervenci­ón ante los empresario­s, subrayó que entre 50 y 70 mil unidades prestan su servicio de manera ilegal, lo que da lugar a un transporte inseguro.

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