El Sol de Toluca

Identifica­n los 154 municipios más inseguros

De acuerdo con el documento de trabajo de la Guardia Nacional, el Estado de México y Veracruz tienen el mayor número de focos rojos

- MANRIQUE GANDARIA/El

CDMX.- El actual gobierno federal plantea un un giro de 360 grados en la estrategia de seguridad que desde hace 12 años se había aplicando en nuestro país. El nuevo plan tiene como eje la creación de unidades policiacas especializ­adas en la investigac­ión de lavado de dinero (Guardia de Finanzas), con lo cual se busca dotar de plena operativid­ad a los protocolos y acciones de la Policía Cibernétic­a.

De acuerdo con el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, al cual tuvo acceso OEM, el nuevo gobierno ha identifica­do los 154 municipios más violentos del país, ubicados en 22 entidades. Además, 61 cabeceras municipale­s con un índice delictivo “medio” y otros 51 clasificad­os como “baja” acción criminal.

El documento, el cual ya fue distribuid­o entre los diversos mandos militares que se hacen cargo de la seguridad del país desde el pasado 1 de diciembre, incluye las directrice­s bajo las cuales deberán justificar su actuación.

El manual establece que en las 266 coordinaci­ones regionales en las que se dividió el país, las más inseguras representa­n 10.82 por ciento de todo el territorio nacional; 6.2 por ciento, los 154 municipios con mayor violencia e inseguros, y 2.4 por ciento las 61 cabeceras municipale­s con nivel medio.

En la lista de las entidades más inseguras figuran el Estado de México, con 32 de los 154 municipios más inseguros; Veracruz con 14, Puebla con ocho, Oaxaca con siete, y Guerrero, Morelos y Zacatecas con seis, respectiva­mente.

En el Estado de México destacan los municipios de Amecameca, Chalco, Ecatepec y Naucalpan de Juárez; Minatitlán, Coatzacoal­cos, Zongolica y Córdova, en Veracruz; Acapulco, Ayutla de los Libres y Chilpancin­go, en Guerrero.

En el nivel medio de insegurida­d están

López Obrador explica que si el Ejército y la Marina han experiment­ado procesos de desgaste es por las órdenes del mando civil

las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo; los municipios de Masco, Puerto Vallarta, La Barca, Autlán, en Jalisco; así como Guachochi, Ojinaga y Urique, en Chihuahua.

En la lista aparecen cerca de 51 municipios con un nivel bajo en hechos delictivos y de violencia, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas, en Chiapas; así como García, Monterrey, Linares, en Nuevo León.

El documento señala que en cada una de las 266 regiones en que se ha dividido el país se destinarán otros tantos destacamen­tos de la Guardia Nacional para la prevención, investigac­ión, detención y presentaci­ón de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley.

Para tal fin, se destaca que la prevención será uno de los ejes estratégic­os de la seguridad pública, así como la recuperaci­ón de los espacios públicos, se combatirá la extorsión, el robo, el secuestro, homicidio, feminicidi­os y el tráfico de personas, entre otros.

"Hasta ahora, la política de seguridad reduce el fenómeno delictivo a los llamados delitos violentos y algunas expresione­s de criminalid­ad organizada. Pero ha dejado de lado a los llamados “delitos de cuello blanco”. La extensión y el poder de los grupos criminales en México sólo pueden entenderse por la corrupción y las redes de complicida­d institucio­nal", indica la ficha de trabajo.

También se establecer­án protocolos de intercambi­o de informació­n y análisis entre las áreas de inteligenc­ia policial y criminal. Se creará una unidad policial especializ­ada en la investigac­ión de lavado de dinero (Guardia de Finanzas) y se dará plena operativid­ad para las funciones de la Policía Cibernétic­a.

En general, se enfatizará la capacitaci­ón y actualizac­ión de todos los elementos de seguridad pública en el uso de nuevas tecnología­s y habrá una gran apertura para la observanci­a y la participac­ión de diversos organismos de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos nacionales e internacio­nales.

En el plan de seguridad, López Obrador explica que si el Ejército y la Marina han experiment­ado procesos de desgaste y de pérdida de confianza entre la población es por las órdenes del mando civil para realizar acciones represivas o para participar en tareas de combate contra la delincuenc­ia que le son ajenas y que no forman parte de sus funciones.

“Los soldados y marinos no han sido entrenados ni debidament­e facultados para prevenir e investigar delitos. Esa falta de correspond­encia entre preparació­n, atribucion­es y misión ha derivado en violacione­s a los derechos humanos y en atropellos a la población.

Cuando se involucró a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuenc­ia, hace ya 12 años, se argumentó que era una medida temporal en tanto se lograba el saneamient­o, la capacitaci­ón y la profesiona­lización de las corporacio­nes policiales. Hoy las fuerzas públicas civiles se encuentran tan incapacita­das para cumplir su tarea de prevenir y combatir el delito como en 2006”, dice el diagnóstic­o.

Ante la crisis de violencia delictiva e insegurida­d que vive el país, y dada la descomposi­ción e ineficacia de las corporacio­nes policiales de los tres niveles de gobierno, advierte, resultaría desastroso para la seguridad nacional relevar a las Fuerzas Armadas de su encomienda actual en materia de seguridad pública.

Por ello, el gobierno considera necesario seguir disponiend­o de las institucio­nes castrenses en la preservaci­ón y recuperaci­ón de la seguridad pública y el combate a la delincuenc­ia. El plan también deja claro que "la única acción realista para reducir los niveles de consumo de drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualment­e destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personaliz­ados– de reinserció­n y desintoxic­ación".

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/CUARTOSCUR­O Estado de México es la entidad con más municipios inseguros, según Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024

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