JUSTICIA AL NUEVO GOBIERNO LE FALTA CLARIDAD

En México se encuentran documentados más de 500 conflictos comunitarios --algunos de ellos con fuerte poder subversivo--, que, a decir de la periodista Laura Castellanos, responden a sendos agravios cometidos por agentes del Estado mexicano a lo largo de la historia. Estos conflictos, afirma Castellanos, son todo un reto para el nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien no ha sido claro en la forma en que hará justicia y evitará la impunidad, lo que provoca incertidumbre, ya que incurre en un discurso doble, contradictorio y preocupante.

Acuciosa seguidora de movimientos sociales de corte guerrillero, comunitarios y de autodefensa Laura Castellanos acaba de publicar el libro Crónica de un país embozado (ERA, 2018), por cuyas páginas desfilan desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las autodefensas de Michoacán, hasta algún militante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, los anarquistas urbanos de la ciudad de México y diversos grupos de resistencia indígena en defensa de su territorio y recursos naturales.

“Yo no pienso que estas distintas opiniones conformen un frente común ni que estén articuladas. Tampoco que sea inminente una acción insurreccional en contra del gobierno. Cada una de estas expresiones tiene su propios detonantes, posiciones ideológicas, estrategias militares, pero sí creo que el punto donde convergen es que enfrentan la violencia estructural del Estado. Es decir, no sólo han detonado por E IMPUNIDAD razones económicas o políticas sino que responden a graves violaciones y delitos de lesa humanidad y también a la defensa de sus territorios”, asegura.

Para ella este punto, el de la defensa del territorio, será el gran tema en el sexenio de López Obrador, por la grave acumulación histórica de despojos legitimados por reformas constitucionales de corte neoliberal, como por el grado de impunidad en la que se ha actuado tanto en hechos de violencia como de saqueo de recursos.

Y es donde ve poco contundente al actual gobierno: “Por un lado durante su campaña manifestó su deseo de hacer valer los acuerdos de San Andrés Larráinzar, para legitimar la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, pero, por otro, impone megaproyectos como el del Tren Maya o el corredor del Istmo de Tehuantepec, sin que se cumpla el derecho a la información y a la consulta que por ley le corresponde a las comunidades.

“Dijo con Carmen Aristegui que la consulta sobre el Tren Maya se va a hacer en marzo, pero al mismo tiempo ya está echando a andar todo lo administrativo e invita a empresarios turísticos y desarrolladores a invertir en él”.

Lo mismo para el caso de las autodefensas sobre las que ha expresado comprensión para sus motivos, pero durante su toma de posesión aseguró que se detendrá a quienes estén en posesión ilegal de un arma.

Y así en más temas: “Por un lado se dice respetuoso del medio ambiente y por otro lado tiene vínculos y cercanía con empresarios mineros. Asegura, de igual manera, que se va a echar a andar una consulta sobre la Guardia Nacional, cuyos alcances y esquema apenas se está legislando, pero simultáneamente ya está convocando al enrolamiento de jóvenes por parte de instancias militares”. Castellanos, quien también es autora de México Armado (ERA, 2007), un libro ya clásico sobre las guerrillas socialistas de México en las décadas de los 60 a los 80, percibe que de no haber justicia durante la actual administración para tantos agravios, seguirá habiendo expresiones de subversión.

“¿Por qué? Por que se estaría perpetuando un sistema de justicia que no funciona y sería el gran mensaje tanto para los agentes del Estado como para los caciques locales, para los represores, de que se puede seguir matando; que se puede seguir desapareciendo personas en este país y no pasa nada. De que se puede seguir reprimiendo, sofocando movimientos sociales de inconformidad; de que se puede seguir criminalizando, deteniendo, encarcelando a líderes de oposición, aplastando guerrillas o aplastando comunidades, y no pasa nada. Sería un pésimo mensaje de impunidad”, remata.

La periodista reconoce el gran bono democrático con el que llega al poder López Obrador, pero teme que se mantengan las injustas condiciones estructurales en el sistema político y económico, que generan la violencia hacia la población

“No olvidemos que en el sexenio de Peña Nieto fue donde hubo más masacres con intervención de agentes del Estado en la historia moderna del país y si el gobierno de López Obrador refiere, por un lado, que va haber perdón y amnistía, pero por otro que los casos que tengan en curso una investigación seguirán, pues no queda claro si ganará la impunidad o habrá castigo para los responsables”.

Y hace un paralelismo de los tiempos actuales con lo que pasó en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando al quedar impunes las masacres hacia grupos indígenas y estudiantiles en diversas partes del país fueron auténticos semilleros de guerrillas, que eran en ese momento un fenómeno subversivo en Occidente, no privativo de México.

“Esas masacres siguen impunes. Las que se han cometido de los 60 para acá todas están impunes en comunidades, en distintas partes del país, en Guerrero, en Oaxaca, más recientemente en Michoacán. Hay ahí un cúmulo de agravios. Y han tenido relevos generacionales: yo en este libro entrevisto a un joven guerrillero del ERPI que tiene su raíz en los años 70, aunque él ya reivindica la exigencia de aparición de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa”, explica Castellanos.

Es decir que desde su punto de vista hay una nueva generación marcada por la