Sin cambios en órganos autónomos
Se ha buscado que los nombramientos no con los periodos de las o los mandatarios coincidan ya
Aun cuando ya se ha renovado el gobierno estatal, varias instituciones no sufrirán ajustes al ser órganos autónomos, y no estar subordinados al Ejecutivo, entre ellos: la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos estatal, el Instituto Electoral de la entidad, el Tribunal Electoral electoral local, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Universidad Autónoma del Estado de México.
Anteriormente, el fiscal general de Justicia era parte del gabinete estatal, pero desde hace unos años, a partir de reformas que se hicieron, todas las fiscalías son entes autónomos y su titular es nombrado por la Legislatura mexiquense.
Se ha buscado que los nombramientos no coincidan ya con los periodos de las o los mandatarios, a fin de garantizar mayor independencia.
De acuerdo con la ley, los órganos autónomos tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía presupuestal, técnica y de gestión, así como la capacidad de decidir sobre el ejercicio de su presupuesto.
FISCALÍA
El Ministerio Público anteriormente se integraba en una Procuraduría General de Justicia, que ahora se denomina Fiscalía y es un órgano público autónomo, encargado de la investigación y persecución de delitos. Cuenta con fiscalías en materia de delitos electorales y anticorrupción.
La o el fiscal duran en su cargo nueve años y son designados y removidos por la Legislatura mexiquense, la cual, para elegirlo debe enviar al Ejecutivo una lista de hasta 10 personas candidatas, y este a su vez envía una terna, con base en la cual las y los diputados les citan a comparecer y designan a la persona titular, quien anualmente presenta un informe de actividades ante Legislativo y el Ejecutivo.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem,) también es un órgano autónomo, especializado e imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, enfocado a garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información y a la protección de datos.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales también es un órgano autónomo