Niñez reclutada por los cárteles
Datos duros tomados de la organización Reinserta, que dirige Saskia Niño de Rivera: en 2022 había mil 392 adolescentes y más de 68 mil jóvenes de 18 a 29 años privados de libertad. (INEGI 2022)
El 48.4 por ciento de adolescentes en internamiento tienen o tuvieron a un familiar privado de libertad. Nueve de cada 10 personas privadas de la libertad estuvieron involucradas por primera vez en alguna actividad delictiva antes de cumplir seis años. (Reinserta 2023)
Peor aún, aproximadamente 30 mil niños, niñas y adolescentes son reclutados cada año a las filas de la delincuencia organizada. (Redim 2019)
En marzo del año pasado, dos diputadas federales, Andrea Chávez, de Morena, y Yolanda de la Torre, del PRI, ambas provenientes de estados con graves problemas de inseguridad como los son Chihuahua y Durango, respectivamente, plantearon tipificar el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en la “Ley General de Trata de Personas”. En su momento, la diputada Chávez calificó esa iniciativa como prioritaria, porque la tipificación del reclutamiento como delito se sumaría a los esfuerzos que realiza el gobierno de México para prevenir la vinculación de las y los menores a actividades delincuenciales.
Por su parte, la entonces diputada De la Torre, hoy titular del Poder Judicial duranguense, señaló que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos “es un tema que duele y deja heridas que difícilmente podrán sanar”.
A un año de aquellos planteamientos, nada ha sucedido. No se ha legislado al respecto. En la calle, todo sigue igual en materia de reclutamiento de niñas y niños En 2022 Saskia Niño de Rivera presentó su libro “Un sicario en cada hijo te dio”, en el que da cuenta de los testimonios de los estragos del reclutamiento infantil, tomados de menores sobrevivientes de esos infiernos, con las vidas quebradas y con pocas posibilidades de futuro.
“Son infancias interrumpidas, caracterizadas por núcleos familiares violentos, disfuncionales, sin escuelas capaces de detectar las señales de ayuda que piden estos niños y niñas, que además viven en entornos criminógenos; es decir, que tienen muy normalizada la violencia, y son fácil presa de las organizaciones criminales que los inducen a las drogas y a la delincuencia”, mencionó.
Aseguró que, de acuerdo con el INEGI, los menores que se involucran en actividades delictivas tienen, en promedio, sólo tres años de vida activa criminal, antes de ser detenidos o asesinados.
Ya desde entonces Niño de Rivera percibía dispersión de esfuerzos entre sociedad y gobierno, además de la ausencia de una estrategia integral de desmovilización, o de testigos protegidos y atención especial a niños y adolescentes en conflicto con la ley.
“Se les detiene, se les lleva a los tutelares, pero no hay más trabajo de seguimiento que los persuada de no regresar a delinquir al salir de nuevo a las calles”.
“Tenemos que empezar a generar una red de protección para estos niños; entender que además de señalarlos por sus faltas también hay que entender que la sociedad estuvo ausente cuando fueron violados o cuando su mamá los regaló o vendió a los cinco años de edad. Hay una corresponsabilidad social que hay que remediar”, enfatiza.
Sin embargo, aun cuando se tiene diagnosticado el problema, ninguno de los tres poderes de la Unión ha hecho su parte para comenzarlo a erradicar.