¿Quién garantiza la salud sexual trans? de la comunidad
“Una de las luchas actuales es debido a que las personas trans tienen que pagar con sus propios recursos cualquier tipo de intervención que requieran”
RICARDO BARUCH
ACTIVISTA
En septiembre de 2020, el Gobierno local anunció que la tercera clínica especializada en atención a personas de la población LGBT+ estaría lista a finales de ese año.
LAS PERSONAS TRANSGÉNERO AÚN DEBEN ENFRENTAR
PREJUICIOS E IGNORANCIA POR
PARTE DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE SALUD
YA QUE LOS PROTOCOLOS Y GUÍAS EXISTENTES SE MANTIENEN
SUJETOS A CRITERIOS DE CADA PROFESIONAL
MÉDICO
El acceso a la salud sexual de las mujeres y hombres transgénero en México aún es limitado, pese a los esfuerzos de colectivos y activistas para reducir la brecha de atención.
En 2017 nacieron dos manuales con los que el Gobierno intentó que la comunidad transgénero pueda acceder a los servicios que requiere sin ser discriminada ni violentada, sin embargo, al no ser de aplicación obligatoria en los centros de salud, termina por no tener efecto.
Ricardo Baruch, doctor en Salud Pública y activista de los derechos humanos LGBT+, considera que aún hay mucho camino por recorrer.
“En realidad estamos bastante atrasados en todo el tema de atención específica a las personas trans en lo que tiene que ver con su proceso de transición de sexo. Porque, digamos que en lo general una persona trans tiene el mismo acceso a otro tipo de intervenciones como cualquier otra persona, como si alguien tiene apendicitis se les va a atender de acuerdo con su seguridad social, pero en lo que se refiere a tratamiento de reemplazo hormonal o intervenciones quirúrgicas que podrían necesitar personas trans, ahí ya es diferente. Por ejemplo, sólo existe terapia de reemplazo hormonal en un par de entidades de este país, incluyendo la Ciudad de México, pero ni siquiera es como que exista para todo el mundo, sino que son servicios bastante limitados y en lo que tiene que ver con cirugías ahí prácticamente en ningún lado están cubiertas”, cuenta a la Organización Editorial Mexicana.
GUÍAS MARCAN PERO NO OBLIGAN
Romina Rosales, mujer trans y activista en Puebla, conoce ese camino.
“No hay manera. Cuando tu te presentas con una imagen e identidad no importa como sea, si tus documentos no te avalan no te pueden dar servicios de salud acorde a tus necesidades. No te pueden dar la atención sobre todo por el tema de los prejuicios”, confiesa.
Romina forma parte de quienes lucharon para que ese estado de la República se sumara a los que permiten la modificación y el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. La llamada Ley Agnes, nombrada así por Agnes Torres Hernández, mujer transgénero psicóloga y activista por los derechos de las personas trans que fue asesinada en marzo de 2012; la ley entró en vigor el 23 de junio.
“Nos va a dar piso parejo, para empezar. Tener un nombre, una identidad, valida lo que realmente eres, te valida como estudiante, como profesionista, ante las instituciones, hasta para acceder a servicios de salud, educación e igualdad social”, agrega.
Sin embargo, aún con la validación de identidad, el Protocolo para el Acceso sin
Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual y las Guías de Acción Específicas de la Secretaría de Salud, se mantienen sujetas a criterios de cada profesional.
“Si soy un hombre trans que requiere un servicio de ginecología todavía existe mucho desconocimiento sobre el tratamiento particular, porque en teoría sí, yo puedo ir con cualquier ginecólogo, pero pues no cualquiera estará dispuesto a tratarme si yo por ejemplo soy un hombre trans que tiene una necesidad de salud reproductiva.
“Entonces, actualmente tenemos desde hace algunos años este protocolo, que da recomendaciones para brindar servicios sin discriminación a las personas de la comunidad LGBT+ incluyendo personas trans, pero como estos protocolos no son obligatorios quedan muy a lo que el personal médico quiera tomar o no, a interpretarlo”, agrega Baruch.
Otro problema por el que las guías aún no pueden concretarse es la destinación de recursos para capacitar al personal de los centros de salud.
“Desde algunas instancias del sector salud, como es el caso por ejemplo del protocolo, impulsan mucho su aplicación desde el Censida, desde el Centro de Salud Reproductiva, pero tienen recursos muy limitados”, agrega el doctor que también ha colaborado con el ONUSIDA y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
“Algunas entidades han buscado capacitar a su personal en temas de salud de personas LGBT+, pero como no es obligatorio y tampoco tienen recursos etiquetados para que se haga, pues en ocasiones puede no estar considerado o promovido adecuadamente”, agrega.
PROTOCOLO Y GASTOS
El Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual nació hace cuatro años para garantizar salud de calidad para la comunidad LGBT+.
En el caso particular de las mujeres y hombres trans se conforma de tres componentes. En el primero se establecen una serie de acciones para reforzar la atención médica de las personas transgénero que debe observar el personal de atención médica y paramédica en los establecimientos que conforman el Sistema Nacional de Salud.
El segundo componente se refiere a criterios diagnósticos en el tratamiento médico especializado para las personas trans; y el componente tres plantea un modelo de atención mexicano con base en la experiencia transitada por varios años en la Clínica Condesa, institución referente ubicada en la Ciudad de México.
Y, aunque aborda recomendaciones y sugerencias de medicamentos para el tratamiento hormonal, olvida lo relacionado a intervenciones quirúrgicas.
“Una de las luchas actuales es debido a que las personas trans tienen que pagar con sus propios recursos cualquier tipo de intervención que requieran y este tipo de intervenciones son bastante caras, estamos hablando de que se requieren cirugías plásticas que no necesariamente son cirugías estéticas, resalta Baruch.
“En muchos países, sobre todo en Europa, estas cirugías están incluidas dentro de lo que son los paquetes de salud considerando que el ser trans es una condición que requiere acciones afirmativas en el terreno de la salud”, explica el especialista.
No es el único gasto que deben prever. Romina, que nació en Guanajuato, asegura que un juicio de cambio de identidad va desde los 30 mil hasta 70 mil pesos y pueden durar entre dos a cinco años.
“Cuando hay amparos ganados, si te dan las herramientas para exigir. Pero no tiene que ser así, la vía óptima es un cambio administrativo”, dice al celebrar la Ley Agnes.
Sabe que ella y la comunidad trans deben mantenerse vigilantes de todos los trámites y protocolos que los protegen. “El ánimo de lucha nos lo han heredado, pero también es cansado (...) Vemos que faltan muchas cosas, pero con el fin de acceder a nuestros derechos, ofrezco siempre mi mano, todo lo que sé y también lo que no sé”, dice.
CLÍNICA TRANS
La Ciudad de México no sólo ha sido referente para este protocolo, también para la garantía de acceso a la salud de la comunidad trans. Sin embargo, uno de los proyectos con los que prometió mejorar el servicio aún no se concreta y su clínica estrella se vio afectada por la pandemia de Covid-19.
En septiembre de 2020, el Gobierno local anunció que la tercera clínica especializada en atención a personas de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBT+) estaría lista a finales de ese año. Sin embargo, el área de prensa de la Clínica Condesa dijo que no puede dar información sobre los avances prometidos.
Ubicada en la calle Manuel Carpio 470, esquina Plan de San Luis, en la colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo, ofrecerá seis consultorios para consulta externa: dos de medicina general, uno de endocrinología, uno de urología, uno de psiquiatría y uno dental. Asimismo, habrá un cubículo de derechos humanos y uno de salud sexual.
También se instalarán cuatro módulos: tres de psicología y uno de asesoría. Tendrá un equipo de ultrasonido, siete espacios para toma de muestras y áreas de trabajo social, sala de espera, dos sanitarios públicos, dos sanitarios personales, curaciones, epidemiología, enfermería, aseo, servicios generales y administración.
Además, a través de una solicitud de transparencia, la Clínica Condesa informó que bajó el ritmo de detección de VIH en esta comunidad.
“El servicio ha continuado de manera ininterrumpida con menos personal operativo que nos llevó a la reducción del 30 por ciento de atenciones a diferencia del 60 por ciento de reducción de atenciones a nivel nacional”, aseguró.
Para el doctor en Salud Pública, la Ciudad de México podría mejorar mucho porque la demanda de servicios es mucho mayor de lo que se está brindando hoy en día.
“Antes de la pandemia solo había un par de endocrinólogos que estaban dando servicio a cientos de mujeres trans en la ciudad y muchas otras no habían sido integradas a los servicios debido a que simplemente no había la capacidad.
“Entonces realmente si se concreta la apertura de una clínica especifica de personas trans sería mucho mejor y sobre todo para que no estén necesariamente integradas en servicios de VIH que normalmente se pensaba en personas trans sólo en cuestión de alto riesgo de adquirir VIH pero sabemos que esas son dos necesidades entre muchas otras que existen para las personas trans”, afirma Baruch.
En 2017 nacieron dos manuales con los que el Gobierno intentó que la comunidad transgénero pueda acceder a los servicios que requiere sin ser discriminada ni violentada, sin embargo, al no ser de aplicación obligatoria en los centros de salud, termina por no tener efecto.