Juan Veledíaz
Las lecciones que han dejado en la última década la desarticulación de organizaciones criminales que han mutado de grupos con poder regional a bandas armadas con control local, es que su influencia se sostiene en la protección y extorsión del poder político. El caso más ilustrativo por sus manifestaciones recientes sería Tamaulipas. El vacío dejado desde el año 2010 por la división del autodenominado Cártel del Golfo (CDG), ha sido ocupado por grupos civiles armados con perfil paramilitar conectados con organizaciones criminales del sur de Texas. Estos grupos conocen y usan a la perfección la propaganda criminal, basan su poder económico en el tráfico de migrantes, el secuestro, robo de combustible, extorsión y el cobro de peaje en las aduanas por donde ingresa el mayor número de armas al país. Su naturaleza hiperlocal es su mejor camuflaje, tienen control en policías, grupos de agentes de investigación y hasta hace algún tiempo estuvieron infiltrados en algunos cuarteles del Ejército.
Algunos siguen usando las siglas CDG aunque no son un cártel. Otros se autodenominan como tal aunque su perfil es de milicias semiurbanas con perfecto conocimiento del terreno, como sucede con el autodenominado cártel del noreste, resabios de los paramilitares identificados como los Zetas, quienes controlan el corredor que va de Miguel Alemán, Mier, Camargo y Nueva Ciudad Guerrero, conocida como la frontera chica de Tamaulipas. La historia reciente del estado con dos exgobernadores presos acusados de vínculos con el narco, un candidato a la gubernatura asesinado, otro exmandatario bajo sospecha, y el actual prófugo de la justicia por presuntos vínculos con el crimen organizado, es la crónica más ilustrativa de cómo opera la narcopolítica incrustada en un gobierno estatal.
Este podría ser el primer referente para analizar un posible ajuste político de cuentas detrás de la insurgencia criminal, que ha vuelto a acaparar las portadas de la prensa nacional e internacional ante la barbarie desatada en las últimas semanas.
La ausencia de un gobernador con cuentas pendientes con la justicia federal, un poder legislativo que cambiará de mayoría en unas semanas para quedar alineada al partido en el poder, son dos de los referentes que acompañan la ola violenta que se ha desatado en lugares como Reynosa. Esta ciudad fronteriza es sede de la comandancia de la octava zona militar al mando del general Pablo Alberto Lechuga Horta, y fue el escenario el pasado 21 de junio de una “cacería” de civiles inocentes que dejó por lo menos 19 muertos.
Si la idea del grupo criminal detrás de estos asesinatos era sembrar el caos, lo logró. Como en anteriores ocasiones, lo más llamativo del caso fue la lenta y torpe reacción de los cuerpos federales encabezados por el Ejército seguido de la Guardia Nacional.
La presión de los grupos criminales a las autoridades federales viene acompañada de propaganda criminal diseminada a través de videos en redes sociales, donde se recogen aspectos de la barbarie que los caracteriza desde hace más de una década. Algunos analistas señalan que asistimos a un relevo en los sistemas de protección y extorsión de la criminalidad organizada en un estado fallido llamado Tamaulipas.