¿Terrorismo en México?

Los recientes capítulos de horror en Tamaulipas, Zacatecas y Guanajuato han traído una vez más a colación el debate sobre si los grupos de delincuencia organizada en este país emplean tácticas terroristas y si por ello deben ser sancionados en consecuencia.

Hace un par de días, en un artículo publicado en Letras Libres, Carlos Matienzo planteó la urgencia de llamar a las cosas por su nombre y debatir abierta y profundamente si en México estamos frente a un conflicto armado interno, cuáles son las responsabilidades del gobierno frente a estos hechos y si es necesario habilitar a la comunidad internacional para intervenir.

El tercer componente de ese argumento es quizá el más preocupante; aunque durante los últimos tres años analistas y opinólogos mexicanos han sido muy condescendientes en la renuencia a emplear términos que hacia 2010 se utilizaban sin miramientos como “Estado fallido”, “guerra”, “masacres” y “terrorismo”, es importante destacar que, en nuestro vecino del norte, el análisis con esos términos no se ha detenido y los últimos capítulos de violencia armada han regresado al debate público la posibilidad de que los cárteles mexicanos sean designados como organizaciones terroristas.

Esta opción ha permanecido activa en el Congreso estadounidense desde 2008, y la iniciativa más reciente fue presentada en abril de este año por el republicano de Texas, Chip Roy. En algunos círculos empresariales en México, la posibilidad de que Estados Unidos avance esta designación se percibe de manera positiva, asumiendo que ello permitiría un control rápido de los grupos delictivos y el acceso a una importante dotación de recursos.

Nada más alejado de la realidad. Llegar a ese punto pondría al Estado mexicano en una posición de vulnerabilidad, supondría el debilitamiento institucional a largo plazo y probablemente cambiaría la correlación de fuerzas entre los socios norteamericanos de formas que aún no hemos dimensionado correctamente.

Adicionalmente, para un país como México fuertemente dependiente de su actividad comercial externa y en el contexto de la débil recuperación económica frente a los estragos generados por la pandemia de Covid-19, el empresariado debería ser vocalmente opositor a esta posibilidad al considera que una designación de este tipo representa un riesgo mayor para el comercio internacional de un país que albergue una organización terrorista extranjera.

Entre las sanciones se puede incluir: reducir los programas de cooperación bilateral; suspender las corresponsalías de bancos del país sede de la organización en el sistema bancario y financiero de Estados Unidos; volver a dicho país inelegible para prestamos e inversiones de capital estadounidense; prohibir o restringir las importaciones proveniente de dicho país; y ordenar que los representantes estadounidenses en organismos económicos multilaterales voten en contra de líneas crediticias para ese país.

Los gobiernos de los presidentes Calderón, Peña Nieto y López Obrador han sido firmes al argumentar frente a sus contrapartes estadounidenses porqué esta designación no debe avanzar. Sin embargo, la reticencia a cooperar en estos temas de la actual administración reduce el espacio de diálogo y abona a los argumentos que exigen una acción unilateral por parte del gobierno en Washington.

El debate interno no bastará, debemos exigir que las palabras estén acompañadas de acciones y que el gobierno mexicano deje la inacción para establecer claramente frente a estos grupos delictivos que hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Evitar los enfrentamientos directos entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos puede ser debatible, pero ser omisos frente a actos sanguinarios como los mencionados no puede ser tolerado, especialmente cuando existen otros actores dispuestos a tomar en sus manos acciones que cambien estas dinámicas.