La vida que cuesta la vida misma

En los poco más de 30 meses de este gobierno son muchas las sensaciones de incomodidad o desconfianza que se han generado por los manejos extraños y deficientes de parte de varios miembros del gabinete, empezando por el presidente.

Cuando no hay preguntas y reporteros a modo, las conferencias de cada mañana sirven para proponer un enfrentamiento al enemigo que los acecha sin cesar: la prensa opositora, la cual es acusada de articular campañas que no hacen sino desprestigiar su movimiento. Todo se lo imaginan desde Palacio: que los medios armen campañas sucias y que la “Cuarta Transformación” es una de verdad.

Si, al poner sobre la mesa algún asunto de interés que necesite una respuesta precisa, el primer mandatario apenas alcanza a ofrecer una respuesta vaga; cuando se le insiste, sale el arma roma de su retórica. Y la responsabilidad nunca es de ellos.

Sin embargo, hay un tema que recientemente “cobró” magnitud a partir de una mención matutina. Se trata de un recuento triste que se deriva de la violencia provocada por el narcotráfico: el de los activistas asesinados desde que López Obrador es presidente. Esta semana la Secretaría de Gobernación informó que, en el periodo que lleva la presente administración, más de 68 activistas de todos los perfiles han sido asesinados. Es decir, no importa si defienden el agua, las mariposas, una comunidad indígena, los derechos laborales, un bosque o los derechos sexuales, la ignominia se hace presente desde la intimidación, el hostigamiento o la muerte. Lamentablemente, no importa el lugar que defiendan: sea en el norte, el centro o el sur, la estrategia para protegerlos no funciona.

Lo que resulta alarmante es que, de esos 68 activistas asesinados, solamente dos se encontraban protegidos por el Mecanismo. Aún más preocupante es que, incluso ante los datos o ante una exigencia clara y firme de seguridad, se piense que es un ataque a la actual administración desde el conservadurismo.

Si entonces clamábamos por esos angustiantes indicios, lo de ahora es triste porque los problemas persisten y se le suman muertes terribles que no debieron

Esta semana la Secretaría de Gobernación informó que, en el periodo que lleva la presente administración, más de 68 activistas de todos los perfiles han sido asesinados. Es decir, no importa si defienden el agua, las mariposas, una comunidad indígena, los derechos laborales, un bosque o los derechos sexuales, la ignominia se hace presente desde la intimidación, el hostigamiento o la muerte. Lamentablemente, no importa el lugar que defiendan: sea en el norte, el centro o el sur, la estrategia para protegerlos no funciona. Lo que resulta alarmante es que, de esos 68 activistas asesinados, solamente dos se encontraban protegidos por el Mecanismo. Aún más preocupante es que, incluso ante los datos o ante una exigencia clara y firme de seguridad, se piense que es un ataque a la actual administración desde el conservadurismo. Es triste porque los problemas persisten y se le suman muertes terribles que no debieron ocurrir.

ocurrir. Ellas y ellos fueron personas que buscaban un mejor futuro para el planeta y la humanidad, y terminaron pagando con sus vidas: hagamos esfuerzos para que esas causas se conviertan en derechos (forestales, lingüísticos, reproductivos, políticos, etcétera) y sus datos sean algo más que una estadística minimizada por un régimen que no tolera encarar la realidad.