Privatización de la seguridad
El reciente asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, ha posicionado en la opinión pública internacional el papel activo que poseen las empresas de seguridad privada y los militares privados o mercenarios como actores ocultos pero activos y, en ocasiones, hasta decisivos en la seguridad. Este magnicidio podría convertirse en el mayor escándalo de este tipo de empresas en el hemisferio desde 2004, cuando la empresa Blackwater USA tuvo que responder ante el congreso estadounidense después de la emboscada de sus cuatro contratistas que trabajaban para el gobierno estadounidense en la ciudad de Fallujah, Irak.
Después de Colombia, México se ha convertido en el segundo mercado más importante en Latinoamérica para las empresas que no sólo ofrecen servicios de seguridad, sino también, fungen como intermediarias y representantes locales para ventas de productos y servicios de seguridad y defensa, incluyendo el software y tecnología de surveillance, las cuales han sido muy exitosas impulsando el enfoque de neuromarketing de “Smart and Safe City”.
El auge de las empresas de seguridad privada en México es el resultado de diversos factores: Primero, el vacío conceptual y legal la confusión operativa para distinguir y separar las áreas de operación de Seguridad Nacional/Interior/Pública; segundo, la insuficiente regulación de las empresas de seguridad privada; tercero, el incremento del presupuesto designado a los organismos de seguridad así como los fondos externos como la Iniciativa Mérida; finalmente, la opacidad de los organismos de seguridad y defensa en asuntos de transparencia y acceso a la información, especialmente en cuestión adquisiciones y licitaciones. La mayoría de estas empresas son de origen extranjero y están registradas como “empresas de seguridad privada”, algunas inventan un nombre de “fachada” (fronts) para los registros legales, pero una vez que se ingresa a las oficinas físicas, usted se dará cuente de que el nombre de la empresa es totalmente diferente y que entre sus empleados figuran exfuncionarios de seguridad y/o militares en situación de retiro que, a veces a través del tráfico de influencias, aseguran contratos de gobierno.
De igual forma que las empresas extranjeras usan a empresas de seguridad privada mexicanas como intermediarias o crean empresas falsas, también recurren a la corrupción de los funcionarios de seguridad, a quienes se les ofrece una comisión por la compra. El resultado ha sido el sobreprecio de productos y servicios de seguridad que compra el gobierno mexicano. Tan sólo hace seis años, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se vio obligada a crear la Sección Novena de Estado Mayor de la Defensa (Investigaciones Estratégicas de Mercado), para lidiar con la designación de contratos y evitar actos de corrupción.
No solamente el gobierno otorga contratos multimillonarios, también empresarios e industriales mexicanos han recurrido cada vez con más frecuencia al uso de empresas de seguridad privada, e incluso, a militares privados o “mercenarios” para garantizar su seguridad personal, patrimonial y de transporte de bienes y servicios.
Estamos presenciando el fin del monopolio de la violencia física legítima del Estado que Max Weber estableció hace más de 100 años. El proceso de la privatización de la seguridad en México escapa del control del mismo Estado y se rige, como toda empresa privada, por la ley de la oferta y la demanda global, sea la demanda legítima o ilegal: ¿Cuántos desertores y militares en situación de retiro mexicanos han sido reclutados por este tipo de empresas para emplear su adiestramiento en beneficio de actividades criminales? De acuerdo a la geografía, Haití no está muy lejos de México, de la misma manera que los mercenarios tampoco lo están.