Golpes inoportunos a la confianza y al crecimiento
La inversión es el componente fundamental de cualquier receta para lograr que la economía mexicana salga del marasmo y pueda crecer sostenidamente a tasas superiores al 3 por ciento, más allá del efímero rebote pandémico y la inercia dependiente a la economía estadounidense, que es lo que por ahora tenemos. Es preciso revertir su caída, precipitada por la erosión en otro elemento clave: la confianza.
Lamentablemente, en vez de mejorar en la fórmula dual de confianza-inversión, son recurrentes las señales en contrario. El informe recién publicado por el Departamento de Estado del gobierno estadounidense sobre clima de inversión, en su capítulo para México, es puntual en consignar la preocupación de inversionistas y su incertidumbre, no compensada por la entrada en vigor del T-MEC. Entre otros retos, reportan frecuentes y repentinos cambios regulatorios y reversiones de programas y políticas públicas, como las legislaciones para echar abajo la reforma energética del 2014 y el empeño de remonopolizar los sectores eléctrico y de hidrocarburos.
El informe también resalta problemas seculares que arrastramos de inseguridad, informalidad y corrupción, pero agrega otros nuevos que elevan aún más el costo y los riesgos de hacer negocios en México. Además de temas de incumplimiento de contratos, los inversionistas ven agresividad en auditorías y prácticas de las autoridades tributarias, cambios de reglas del juego, así como vulneración de la autonomía de las entidades regulatorias o interferencia en su trabajo. También se reportan dificultades crecientes para solicitar y recibir reembolsos del IVA por parte de las IMMEX (maquiladoras de exportación) y de empresas de otros sectores. Incluso, que el proceso de registro de marcas ya toma hasta ocho meses.
Ejemplos de hostilidad a la inversión sobran. Podemos destacar el decreto del 11 de junio que da exclusividad a las Empresas Productivas del Estado en el permiso de despacho en lugar distinto al autorizado para mercancías de petrolíferos, hidrocarburos, minerales y otros precursores químicos. La International Chamber of Commerce México señaló que propiciará la pérdida de cerca de 30 por ciento de las operaciones que se realizan solamente por puertos.
La medida incluso ha sido calificada como expropiatoria, pues la infraestructura para descarga fiscalizada que hay en los puertos es mayormente de propiedad privada. Además de los importadores, se afecta a sus clientes y a las cadenas productivas, logísticas y de distribución involucradas en varios sectores, y con ello, al consumidor final. Incluso podría haber desabasto de hidrocarburos y productos relacionados, y hasta para CFE y Pemex, que dependen en gran medida de las importaciones que procesan los particulares.
Otra señal disruptiva reciente es la nota de Bloomberg en el sentido de que la autoridad tributaria mexicana estaría buscando tomar medidas contra lo que conceptúa como incentivos a las armadoras automotrices, en su empeño de aumentar la recaudación aun a costa de achicarla a mediano y largo plazos. La intención incluiría eliminar la exención fiscal a tasa cero que permite a estas trasnacionales y a la industria obtener reembolsos sobre el IVA que pagan, pero no pueden recuperar.
Estas medidas no sólo restringirían drásticamente la inversión futura en un sector clave para la economía nacional: podrían generar desinversión y sentar un precedente muy negativo. Lo que la autoridad llama incentivos no sólo va en línea con el éxito para atraer al país a las firmas automotrices más importantes, hasta hacer de México el cuarto mayor exportador de automóviles en términos de valor. Están relacionados con el sistema de ajuste transfronterizo para el IVA que se usa en todo el mundo dentro de la normalidad del comercio internacional. Es fundamental para empresas exportadoras que no pueden trasladar hacia delante el impuesto que les cobran sus proveedores.