Retórica de la consulta
“Existe la posibilidad de que un gobierno se equivoque sistemáticamente en la apreciación de las necesidades de su pueblo.”
Jorge Ibargüengoitia
hay autoritarismo de por medio, los ejercicios democráticos suelen ser vistos como un ejercicio sano y necesario dentro de las sociedades contemporáneas (aunque la perspectiva viene de mucho tiempo atrás). Sin embargo, el asunto de la democracia es algo complejo y guarda relación con los procesos históricos de cada Estado.
Cuando no
Mañana, 1° de agosto, se llevará a cabo una inédita consulta promovida con bastante ahínco por el gobierno y su partido oficial. En primera instancia, Morena quería que la gente pudiera decidir que se juzgara a los expresidentes de la República. Los nombres aparecerían en la boleta, buscaban que la aplicación de la ley estuviera dirigida a un grupo específico de personas, un despropósito más cercano a un juicio inquisitorial que a una consulta popular.
En lugar de aplicar la ley, se pondría a consulta: sería el pueblo quien dirigiera su dedo flamígero en contra del grupo señalado por el régimen de la 4T.
Se cuenta que hace cientos de años ocurrió una historia similar. Arístides fue un estadista ateniense que vivió en el siglo V antes de nuestra era. Lo llamaban “el Justo”, en reconocimiento a su honorabilidad. Arístides se opuso a las intenciones del general Temístocles (hombre cercano al pueblo) de convertir a Atenas en una potencia marítima militar.
La postura de Arístides no prosperó: su oposición fue considerada una mala conducta, contraria a la soberanía popular, y se llamó a una asamblea para someter a votación su destierro (los griegos le llamaban “ostracismo”). La gente habría de decidir el destino de una persona de quien probablemente no tenía noticia ni de su existencia ni de las razones para participar en dicho ejercicio.
Según Plutarco, el día de la consulta, un analfabeto se le acercó a Arístides para pedirle que lo ayudara a escribir en la tablilla el nombre del próximo desterrado y condenarlo. Arístides le preguntó: “¿Qué mal te ha hecho Arístides?”. El hombre respondió: “Ninguno. Y no le conozco, pero me fastidia oír que por todas partes le llaman el Justo”.
Una contestación irrebatible. La opinión pública había hecho de las suyas: el estadista estaba condenado de antemano por lo que se había dicho de él, incluso por las cosas buenas. Arístides de Atenas fue desterrado por un pueblo que se consideraba bueno y sabio.
Es cierto que la impunidad es uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país, también lo es que nuestra democracia se robustece con ejercicios de participación ciudadana. Pero ¿la aplicación de la justicia debe quedar en manos de la opinión pública, la tornadiza vox populi? ¿Y las autoridades judiciales, por qué no hacen su trabajo?
Recuperando las palabras de mi genial tocayo guanajuatense que sirven de epígrafe a este texto, las equivocaciones sistemáticas de este gobierno llevan el asunto hacia otro lado mientras se despojan de sus responsabilidades inherentes.
No importa qué resulte de la consulta. Si cualquier servidor público, de tiempos presentes o pretéritos, ha cometido algún delito: debe ser juzgado conforme a derecho.
Se cuenta que hace cientos de años ocurrió una historia similar. Arístides fue un estadista ateniense que vivió en el siglo V antes de nuestra era. Lo llamaban “el Justo”, en reconocimiento a su honorabilidad. Arístides se opuso a las intenciones del general Temístocles (hombre cercano al pueblo) de convertir a Atenas en una potencia marítima militar. La postura de Arístides no prosperó: su oposición fue considerada una mala conducta, contraria a la soberanía popular, y se llamó a una asamblea para someter a votación su destierro (los griegos le llamaban “ostracismo”).