Pedro Luis Noble
Durante los últimos días ha sido del conocimiento público la protesta de amplios grupos de comisionistas de gas LP en el Valle de México, en atención a la baja en sus ingresos ocasionada por el impacto de costos que las gaseras han venido resintiendo y que afecta el ingreso por la comisión mercantil que corresponde a los repartidores; todo en el marco del nuevo ajuste comercial de precios decretados por la Comisión Reguladora de Energía.
Bajo esta perspectiva, se asume que durante el segundo semestre de 2021 que corre ya, el precio máximo del gas LP dependerá directamente de los precios internacionales del energético. No se prevén variaciones en los actuales 13.50 pesos por kilogramos, pero los factores inflacionarios sumados al costo de la molécula serán elementos de continuo análisis por el sector especializado.
El reciente posicionamiento presidencial en torno a querer disminuir el precio del gas LP por igual o menor a los 10.00 pesos por kilogramo, a través de la puesta en marcha de una nueva empresa paraestatal denominada “Gas Bienestar”, ha despertado cualquier cantidad de comentarios y manifestaciones en la sociedad mexicana.
Por el lado oficialista, se consolida la idea de que en un tiempo récord se conformará la estructura normativa de este organismo para impactar positivamente en el suministro de este producto sobre un importante número de hogares mexicanos. Se menciona también que se cuenta con una red de abasto alineada a todas las capacidades técnicas y logísticas para dotar de este servicio cumpliendo con todos los estándares de calidad, eficiencia y seguridad en el manejo del gas.
Existe también otro sector de opinión que con mayor moderación identifica la complejidad que reviste constituir un nuevo ente gubernamental, sobre todo en la presente época de contracción económica ocasionada por el Covid-19 y no se deja de observar la invariable aparición del subsidio público como un mecanismo de fortalecimiento y rescate financiero para este proyecto.
Así, se infiere que deberá surgir necesariamente un subsidio de entre por kilogramo de gas LP si la idea del gobierno federal persiste en fijar un precio controlado en lo inmediato, subsidio que sería pagado con recursos fiscales de todos los contribuyentes.
Conforme a los últimos censos del INEGI y datos estadísticos de 2020 y 2021, México cuenta con una población de poco más de 127 millones de mexicanos quienes vivimos en un estimado de 35 millones de hogares en un intervalo de 3 a 4 personas. De esos 35 millones de hogares, 29 millones usan estufa de gas, en tanto que 5.3 millones no la emplean. Estos datos, sin duda nos dan referencias de los volúmenes de consumo que hay en nuestro país.
Desde 1999, se aperturó la importación de gas LP, siendo en ese entonces Pemex el único proveedor del producto. Para 2016, se posibilitaron las importaciones para el sector privado y fue en 2017 cuando todos los particulares fueron objeto de la liberalización de este modelo de negocio con la coordinación del sector por parte de la Secretaría de Energía y de la ya citada CRE.
Así, se dejan ver breves consideraciones con diversas aristas de lo que supone la industria del gas licuado de petróleo sobre el sector energético. Es muy importante que toda adecuación, incorporación y cambio en el manejo de la estructura de servicio de suministro se realice primeramente en el marco del Derecho, observando el marco constitucional y sus legislaciones secundarias, pero también sobre la lógica del mercado internacional.