El INE y la democracia sindical
El pasado miércoles el Instituto Nacional Electoral presentó un informe sobre la observación que desarrolló en la reposición del proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo del sindicato de la empresa General Motors en Silao, Guanajuato, durante el 17 y 18 de agosto. En dicho documento se detallan las actividades realizadas por el instituto, así como el análisis de los hechos de un procedimiento histórico e inédito en la vida sindical de nuestro país.
Como contexto, México, al firmar el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) con Estados Unidos y Canadá a finales de 2018, se obligó a incorporar en la legislación laboral el deber de garantizar el derecho de las y los trabajadores a participar en la negociación colectiva, así como a organizar, firmar y unirse al sindicato de su elección sin la intervención de las empresas.
De ahí que el 1o de mayo de 2019, el Congreso de la Unión haya reformado la legislación laboral mexicana. Ahora, todos los sindicatos de empresas con inversiones de los países socios del T-MEC tienen hasta 2023 para realizar elecciones de líderes sindicales y para aceptar o rechazar los contratos colectivos vigentes.
Por ello, el INE, junto con otras autoridades, forma parte de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Éste es el organismo público descentralizado del Gobierno federal encargado de sustanciar el procedimiento conciliatorio que deberán agotar los trabajadores y patrones antes de acudir a los tribunales, así como de llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, con todos los procedimientos administrativos relacionados.
La participación del INE en la reposición de proceso de legitimación del citado contrato colectivo es resultado de una petición específica del Gobierno mexicano, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con la aceptación del Gobierno de Estados Unidos.
En abril del presente año se había llevado a cabo una jornada de votación pero fue declarada inválida por la Secretaría del Trabajo por la existencia de irregularidades graves. De hecho, lo ocurrido en el procedimiento fue motivo de reclamo de sindicatos estadounidenses ante el Congreso de la Unión Americana De ahí que los gobiernos de México y Estados Unidos suscribieran en el marco del T-MEC un acuerdo en el que se previó que en el procedimiento de reposición, tanto la OIT como el INE enviarían observadores.
Es por ello que en julio, a partir del reconocimiento al INE como pilar fundamental del proceso de implementación de la reforma laboral y al profesionalismo e imparcialidad del trabajo de la autoridad electoral por parte del Gobierno mexicano, se le invitó a participar como institución observadora en el procedimiento de legitimación del contrato colectivo de trabajo del sindicato de la empresa General Motors en Silao, Guanajuato. Su función fue sólo técnica, objetiva e independiente con el propósito de dar seguimiento al procedimiento, así como registrar y documentar posibles irregularidades.
Es importante señalar que la organización del procedimiento correspondía exclusivamente al sindicato, mientras que la Secretaría del Trabajo fue responsable de la validación de las reglas y los resultados.
Hoy sabemos que en la jornada de votación participó más del 90 por ciento de las y los trabajadores con derecho a ello. Ello es significativo, pues refleja que el ánimo de las y los votantes era de confianza para participar con libertad y que el sentido de su voluntad expresada en las urnas sería respetada. También conocemos que la decisión de las y los trabajadores fue en el sentido de dar por terminado el contrato colectivo de trabajo y, por lo que señalan distintos medios, actualmente las y los trabajadores están en proceso de la integración de un nuevo sindicato para obtener la titularidad de un nuevo contrato colectivo.
Lo ocurrido sirve para evidenciar que la vida sindical está entrando a una nueva etapa. Que haya procedimientos reglados y con participación de autoridades garantiza transparencia y rendición de cuentas.