Militarizan prisión de Guayaquil
GUAYAQUIL. Más de un millar de policías y soldados intervinieron ayer en las operaciones y redadas de la Policía y grupos especiales de las Fuerzas Armadas en el centro penitenciario número 1 de Guayaquil para incautar armas a los reclusos y evitar tragedias como las que, el martes, dejaron al menos 118 muertos y 86 heridos.
En total, más de 900 policías de distintas unidades forman parte del operativo de registro y control que se desarrolla en el interior del también llamado centro penitenciario del Litoral, según la comandante general de la Policía, Tannya Varela, a los que se agregaron un número indefinido de militares y varias tanquetas.
La inmensa mayoría de los cuerpos, muchos de ellos despedazados según las dantescas imágenes que han circulado por redes sociales, y con al menos cinco decapitados, están en la morgue pendientes de identificación.
La rivalidad más marcada está entre los Lagartos y los Choneros. Los primeros responden al cártel de Jalisco Nueva Generación y los segundos a Sinaloa. “Por eso ellos han adoptado formas más cruentas en las matanzas, porque vienen de la escuela del narco mexicano”.
Sobre los otros cuatro grupos, el extrabajador del sistema carcelario explica que muchos son disidentes de los Choneros y los Lagartos y pueden estar ligados a los mismos cárteles u otros de menos impacto en el país, como los Zetas, la Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.
¿GUERRA ESTADO VS NARCO?
El coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, dice que el alza de las muertes violentas, los ataques con drones y la dotación de armas que tienen los reos dan un claro mensaje de los cárteles al Estado: “el narcotráfico amenaza al Estado y no el Estado al narco”.
Es por eso que emprender un plan estratégico contra el narcotráfico y el tráfico de armas debe ser la consigna para que “la violencia de las cárceles no se traslade a las calles”, dice Pazmiño.
Pero la crisis carcelaria no inició con la matanza de 79 presos, el 23 de febrero de 2021. El estado de las cárceles son el resultado de reformas legales, que entran en la categoría de populismo penal, más la naturalización del mandato interno de bandas criminales y sus guerras por espacio.
Andrés Granda indica que el quiebre del sistema carcelario data del 2018.
“Si bien el déficit de guías penitenciarios, tecnología e infraestructura es algo que pasa hace décadas, en Ecuador, en 2018, el abuso de la prisión preventiva impactó en el grado de hacinamiento”, dice.
El 2018, había un hacinamiento de 36 por ciento. En 2021 alcanza 38 por ciento.
La entrada en vigor del Código Penal, en 2014, tiene mucho que ver, según Granda, y lo único que representó fue el populismo penal del gobierno de Rafael Correa, para enviar el mensaje de que había “mano dura contra la delincuencia”.
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