La AMDA prevé impugnar decreto del Presidente
El organismo acusa que la medida incentiva la corrupción y beneficia a las mafias
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) evaluará iniciar acciones legales en contra del decreto presidencial para regularizar vehículos usados que ingresan de manera ilegal, principalmente de Estados Unidos, y conocidos como chocolate.
"Una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación", indicó el organismo.
El sábado, el jefe del Ejecutivo federal firmó en Ensenada, Baja California, un decreto para regularizar estos vehículos en siete entidades de la frontera norte, para que los dueños inscriban sus unidades en un registro y paguen un derecho o contribución de dos mil 500 pesos por cada una, recursos que se usarán para mejorar las vialidades en la zona fronteriza.
“La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos, cubiertos con el manto de benefactores de los más pobres”, reclamó la AMDA este domingo en un comunicado.
El organismo pidió al Presidente de la República refundar el Registro Público
Vehicular (Repuve) a través de la aprobación de una Ley General que le otorgue facultades plenas para ordenar el trámite, hacer obligatorio el concurso de gobiernos estatales y estructurar los procedimientos de control vehicular a nivel federal y local.
La agrupación de distribuidores de autos nuevos consideró que desde la aprobación de la Ley del Repuve, en septiembre de 2004, no ha cumplido con sus responsabilidades: “La regularización del contrabando automotriz por motivos de seguridad pública sin un Registro Público Vehicular confiable será una falacia”.
El decreto del Presidente busca recaudar recursos para arreglar vialidades