Desapariciones forzadas, el crimen perfecto
Nada es más doloroso para una madre que padecer el desprecio de la autoridad cuando denuncia que su hija o hijo ha desaparecido. Y menciono especialmente a las madres, porque son ellas principalmente quienes mueven cielo, mar y tierra, para denunciar, luego buscar y emprender la investigación de esa desaparición. Pasan las semanas, los meses y los años y ellas mismas enfrentan algo que les cuesta mucho aceptar: que quizá sus cuerpos estén despojados en alguna ladera, desierto o campo, y así emprenden la ruta de buscar las fosas clandestinas que sólo son posibles en un estado de completa impunidad.
Eso fue lo que encontró el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en su primera visita oficial a México. El Comité reconoce que México haya aceptado esta visita, lo que constituye una apertura para disponerse a la revisión formal, y que a diferencia del sexenio pasado no se quiso superar la sensación de “intromisión” a la soberanía del país por expertos de NU y si bien se aprobó la Convención para la protección contra la desaparición forzada, se encorchetó el artículo 33, que impedía el reconocimiento del Comité, y por consiguiente que no se pudiera supervisar el cumplimiento de la Convención referida.
La y los expertos del Comité reconocieron la importancia de la Ley General contra la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares que aprobamos en la legislatura pasada, igual la Ley general de víctimas. Reconocen algunos mecanismos gubernamentales tendientes a implementar la ley, sin embargo, señalaron que pueden tener un gran potencial, sólo si hay un efectiva implementación en la lucha contra la desaparición forzada.
No hay manera de ocultar la realidad: más de 95 mil 121 desapariciones, 100 perpetradas durante los días de visita del Comité cuyos integrantes señalaron existen “diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en distintas regiones del país, que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. A ello se suman las desapariciones forzadas cometidos directamente por agentes del Estado.”
Es evidente la falta de una estrategia integral del Estado que pueda remontar la impunidad que se refleja en “la ineficacia en la investigación de estos crímenes; una comprensión desvirtuada de la autonomía de las fiscalías como una suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en el proceso de búsqueda; el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas, y un sistema procesal penal que aún conserva las inercias del pasado”
Esperemos las recomendaciones del Comité que darán el año entrante.