El municipio: perro rabioso de la seguridad pública
ROMAIN LE COUR
En materia de seguridad pública, a pesar de la alternancia política de los últimos 15 años, existe una constante: el debilitamiento del municipio como actor en la reducción de la violencia.
La más reciente manifestación de ello es el abandono financiero. Para 2022, y por segundo año consecutivo después de la desaparición del Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), el presupuesto federal no integra fondos destinados a los municipios con mayores índices delictivos (queda el Fondo de Aportaciones para la Seguridad PúblicaFASP). Un análisis del Programa de Gasto Público de México Evalúa muestra que, para 2022, el presupuesto destinado a la seguridad pública de entidades federativas y municipios será 42 por ciento menor al promedio del gasto federalizado total en seguridad del periodo 1999-2021.
Luego, asumiendo que la política no es únicamente dinero sino también visión, el cuento resulta ya bien conocido. Frente a la violencia, el municipio es el nivel de gobierno más expuesto y débil del país. Sus policías, dice el guion, son corruptas, coludidas e incapaces de responder a las crisis de seguridad. Son la peste de la seguridad pública. Ya se sabe: “Quien a su perro quiere matar, rabia le ha de levantar”.
No se puede negar que las policías municipales no puedan enfrentar los desafíos actuales. De hecho, por ley, atender a la delincuencia organizada ni siquiera es su misión. Entonces no reprochemos la dejación de una tarea que nunca les correspondió, y no confundamos el síntoma con la enfermedad, cuyo diagnóstico es producto de décadas de exposición a la violencia, debilitamiento institucional, carencias financieras, vulnerabilidades humanas y una tremenda falta de voluntad política compartida por los tres niveles de gobierno.
El cambio pasa por una apuesta sincera de protección de la ciudadanía, de apoyo a instituciones públicas, civiles y locales de seguridad, que trascienda el color partidista. Ésta no tiene que ser mutuamente excluyente de una estrategia federal (civil, subrayémoslo) de combate a la delincuencia organizada. Lo crucial es la coordinación. Con recursos suficientes y años de esfuerzo, las policías municipales deben jugar un papel decisivo en la reducción de la violencia e incidencia delictiva.
Por eso necesitamos conocer mejor las dinámicas locales de inseguridad; ser capaces de desglosar los delitos en función de su impacto y de su fuero, sin enfocarse exclusivamente en la criminalidad organizada, entendida como tótem que encubre cualquier fenómeno delictivo.
El vacío policiaco local, patente en Zacatecas en este momento, donde nueve municipios ni siquiera cuentan con policías y el resto se sitúa 55 por ciento por debajo del número recomendado de elementos, tiene consecuencias dramáticas. Siempre se crea antes de que explote una crisis ‘visible’, y entren en escena las fuerzas federales. De esa forma se alimenta la estrategia reactiva de las últimas décadas: explota una crisis; los gobiernos locales y sus fuerzas quedan paralizados, antes de ser rebasados; piden apoyo a la Federación, que lo regatea... Después de decenas de muertes, y cuando la crisis ya es demasiado ‘espectacular’, la Federación interviene.
Este vacío también agrava la pérdida de proximidad, información e inteligencia local que puede –o debería– proporcionar la policía municipal. Es un conocimiento que no poseen las fuerzas federales. Así, la estrategia centralista contribuye a debilitar aún más la capacidad de solucionar estructuralmente las crisis locales de violencia.
Ya es hora de invertir en un proyecto coordinado que desemboque en el fortalecimiento de las policías municipales.