Desapariciones forzadas en Chihuahua
La desaparición forzada es un acto que se instauró con fuerza durante las dictaduras militares y los regímenes autoritarios, con el propósito de sembrar temor entre grupos de oposición o ciudadanos disidentes al poder oficialista.
Cuando una persona es víctima de desaparición forzada, además de ser privada de su libertad, usualmente es sometida a tratos crueles y torturas, poniendo en vulnerabilidad sus derechos humanos más vitales. De tal manera que constituye un delito grave y, en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad. Con frecuencia, las personas desaparecidas jamás son puestas de nuevo en libertad, y su suerte no llega a conocerse. Manteniendo a sus familiares en contínua búsqueda, sin tener la menor información del paradero, viviendo con la incertidumbre y el desasosiego que implica tener a un ser querido desaparecido. Tal es el caso de 28 familias en Chihuahua —de acuerdo con lo señalado por el fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte—, que tienen a sus seres queridos desaparecidos.
Por ello, en la primera visita realizada por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a México, Chihuahua fue una de las 13 entidades visitadas para hacer una evaluación de los casos, atender y escuchar a los familiares y organizaciones civiles, así como para iniciar un trabajo en conjunto y recibir las recomendaciones que den continuidad a estos casos. Además, en dicha reunión se explicaron los mecanismos de comunicación que se utilizan para el contacto con familiares, consulados, asistencia legal, entre otros.
Si bien, la gobernadora manifestó la voluntad de atender la problemática, es necesaria la creación de políticas públicas focalizadas y aplicadas de manera sinérgica entre los tres poderes, ya que no es algo que se conseguirá atender satisfactoriamente por el trabajo de una sola autoridad.
Urge realizar un Plan Integral en Materia de Desaparición que, en colaboración con familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, conduzca al gobierno local a atender de manera efectiva su responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada. Especialmente cuando en la actualidad la Comisión Local de Búsqueda en Chihuahua depende de la Fiscalía General del Estado (FGE), un órgano que tiene altos niveles de desconfianza por parte de las familias de las víctimas.
Las personas desaparecidas jamás son puestas de nuevo en libertad, y su suerte no llega a conocerse. Diputada federal por Morena