El atropello del decretazo
En este 2021 México cumple 200 años como Nación independiente. Consolidar nuestra democracia ha sido producto de muchas décadas de lucha en la que miles de personas han ofrendado su vida en distintos hechos armados a lo largo de nuestra historia.
Ha sido en las últimas décadas donde hemos logrado importantes avances democráticos, uno de los más significativos ha sido la transparencia y la rendición de cuentas en el quehacer público. Cada vez que se gasta el dinero del pueblo ya sea para obra pública, infraestructura, una carretera, puentes o escuelas, debe acreditarse de manera fehaciente cuánto se gastó, la manera en que se invirtió y el beneficio que tendrá en la sociedad.
Está información debe ser pública para darle a la ciudadanía la certeza de que su gobierno está gastando de manera correcta el dinero y que no existe corrupción.
Sin embargo, recientemente se aprobó el famoso “decretazo” que consiste en que las dependencias y entidades de la administración federal están obligadas a autorizar provisionalmente la presentación, obtención de los permisos o licencia para iniciar proyectos u obras, en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la presentación de la solicitud, para obtener los vistos buenos definitivos doce meses después.
Los proyectos y obras, contemplan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hídrico, hidráulico, medio ambiente, turismo, salud, vías férreas y ferrocarriles, al considerarlos cuestión de seguridad nacional, es decir no será necesario que haya licitación ni un proceso transparente.
Sabemos que en México tenemos grandes retos, que deben ser atendidos a la brevedad, sin embargo no podemos dejar de cumplir con las normas en materia de transparencia, aplicables a las diferentes obras y proyectos que realice el gobierno.
Exigimos una definición del gasto clara, transparente y que no pretenda amagar con ocurrencias la rendición de la cuentas de los proyectos y obras de infraestructura para garantizar el bienestar colectivo.
Recientemente se aprobó el famoso “decretazo” que consiste en que las dependencias y entidades de la administración federal están obligadas a autorizar provisionalmente la presentación, obtención de los permisos o licencia para iniciar proyectos u obras, en un plazo máximo de cinco días hábiles