Los reos controlan las cárceles: Inegi
Un tercio de los reclusos que fueron encuestados por el instituto afirmó presenciar prácticas de autogobierno al interior de los penales
CDMX. Las prisiones en México están controladas por reclusos, quienes han tomado las riendas de la seguridad y funcionamiento de penales, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, hay internos encargados del manejo de las llaves de celdas, existen riñas entre grupos de reos por el control de los centros penitenciarios y los reclusos asignan celdas a sus compañeros. También hay quienes vigilan celdas y cobran por bienes y servicios.
Asimismo, dentro de las prácticas de “autogobierno o cogobierno” identificadas por el Inegi, se encuentran actos de violencia contra autoridades, imposición de sanciones, protección a otros internos y negar o permitir a reos participar en talleres o realizar llamadas telefónicas, entre otras actividades. “A nivel nacional, 36.7 por ciento de la población privada de la libertad señaló que, en los últimos 12 meses, es decir, entre julio de 2020 y julio de 2021, ha visto a internos que realizan actividades de seguridad o funcionamiento del centro penitenciario de manera parcial o total”, señaló Oscar Jaimes, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi.
Para el levantamiento de la ENPOL 2021, el instituto autónomo visitó 203 centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal, distribuidos en las 32 entidades federativas, que concentraban 95.5 por ciento de la población encarcelada entre junio y julio de 2021. Consideró una muestra de 67 mil 584 personas, entre hombres y mujeres privados de la libertad, siendo la gran mayoría personas jóvenes de entre 18 y 39 años.
Por estado, la encuesta reveló que el porcentaje de la población carcelaria que ha presenciado actividades de autogobierno o cogobierno por parte de reos es mayor en penales del Estado de México, Ciudad de México y Querétaro, con 61, 60.2 y 52.3 por ciento respectivamente.
Por arriba del promedio nacional, están cárceles de Sonora, Puebla y Morelos,
CENTROS PENITENCIARIOS PERSONAS
con 48.7, 47.2 y 37.5 de presos que aseguran que el control lo tienen los reos.
Jaimes añadió que hasta el momento no tienen una identificación de grupos criminales o de bandas al interior de los penales, “lo que tenemos es observación de ciertas actividades por parte de la población que se encuentra al interior de los centros penitenciarios”.
SOBORNOS Y AGRESIONES
Otro aspecto detectado por el Inegi tiene que ver con actos de corrupción de los que son víctimas los internos a lo largo de todo su proceso penal, desde su detención hasta su juicio y vida intracarcelaria. Julio Santaella, presidente del Instituto, destacó que si bien este fenómeno disminuyó 3.1 por ciento con respecto a 2016 (cuando se realizó la primera ENPOL), en términos generales, 36.2 por ciento de encuestados refirieron ser víctimas de actos de corrupción en alguna etapa del proceso penal.
La caída más importante de actos de corrupción, explicó Santaella, fue en la etapa de la detención, donde los reclusos víctimas pasaron de 27.2 por ciento a 16.4.
Por el contrario, al interior de los centros penitenciarios las personas víctimas de corrupción pasaron de 10.8 a 17.2 por ciento. Un 14.1 por ciento dijo haber experimentado actos de corrupción al ser presentados ante el Ministerio Público y 6.2 por ciento durante el proceso judicial.
Por entidad federativa, los presos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero y Sonora fueron los que se enfrentaron más a casos de corrupción, con 59.3, 57.9, 43.5, 39.8 y 36.6 respondiendo afirmativamente. De los reclusos entrevistados, 48.6 por ciento aseguró haber recibido agresiones físicas después de su detención y antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público. Y de este grupo, 38.4 por ciento señaló haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que los detuvo, mientras que 23 por ciento mencionó haber sido asfixiados o ahorcados. Entre las personas que hicieron su declaración ante el Ministerio Público, 45.6 por ciento señaló que lo hizo porque reconoció los hechos de manera autónoma. En contraste, 18.2 por ciento rindió o firmó su declaración bajo amenazas.
De este último grupo, 38.1 por ciento declaró haber recibido alguna clase de presión por los policías o autoridades para dar otra versión de los hechos.
203 del ámbito federal y estatal fueron visitados para la encuesta
privadas de la libertad formaron parte de la muestra, entre hombres y mujeres