La cumbre de la democracia: un concepto, diversos hechos

Los días 9 y 10 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la Cumbre Virtual por la Democracia, con la participación de más de 110 países y convocada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Los temas abordados fueron la lucha contra la corrupción, l

días, se cumplirán ocho años de la promulgación de la Reforma Energética propuesta en 2013 por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto y respaldada por los partidos del tristemente célebre Pacto por México, que en 2021, sin máscara ni vergüenza, se transformarían en la alianza electoral Va por México.

Cabe señalar que los Gobiernos de algunas naciones, como China, Rusia, Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Guatemala no fueron invitados a la Cumbre. En la reunión, el Gobierno estadounidense hizo un llamado a cerrar filas y alcanzar compromisos concretos contra las derivas autoritarias y autocráticas que él mismo ha denunciado.

El presidente Biden abogó por la libertad de expresión, prensa y religión; el fortalecimiento de las instituciones; el uso de la tecnología como un instrumento que aliente la democracia, además de anunciar que estará trabajando con su Congreso para proporcionar 424.4 millones de dólares a una nueva iniciativa para apoyar el periodismo libre, la celebración de elecciones limpias y las campañas anticorrupción alrededor del mundo.

En este contexto, la iniciativa estadounidense resulta, sin embargo, ambivalente. Por un lado, cualquier esfuerzo para fortalecer la democracia es importante, al ser ésta un bien que se debe cuidar y cultivar. Así lo demuestran algunas cifras recogidas, por ejemplo, en el Latinobarómetro 2020, para nuestra región; a saber:

· El apoyo de las personas encuestadas a los regímenes democráticos alcanzó un nivel máximo, en 2010, del 53 por ciento, para descender en 2020 hasta un 49 por ciento de aprobación;

· El 70 por ciento refirió insatisfacción con la democracia;

· Entre las instituciones que más confianza generan están la Iglesia (con un 61 por ciento), las Fuerzas Armadas (un 44 por ciento) y la Policía o Carabineros (un 36 por ciento).

· El Poder Judicial (con un 25 por ciento), el Congreso (un 20 por ciento) y los partidos políticos (un 13 por ciento) son las instituciones que gozan de menos confianza, según el sondeo. Sin duda, existen derivas autoritarias o autocráticas en el ejercicio del poder, crisis de representación y desafección ciudadana por la política y la democracia, así como falta de resultados de ambas en muchas partes del mundo.

No obstante, también es verdad que los autonombramientos para “liderar” la defensa de la democracia a nivel global o la exclusión de naciones en una cumbre que busca ser democrática representan serias limitantes a los objetivos proyectados para este tipo de convocatorias.

La autoproclamación es, sin duda, opuesta al consenso, además de que pone en riesgo los principios de libre autodeterminación de los pueblos y no intervención, al igual que la soberanía de cada Estado.

La democracia es un concepto y una práctica que se nutre de la discusión, la tolerancia, la pluralidad, el intercambio e incluso el desacuerdo de ideas y posturas. El sectarismo, la descalificación o la exclusión le son dañinos, tanto en el ámbito internacional como en el plano nacional.

En este último, las instituciones deben procesar, sin omisiones, las demandas ciudadanas, así como promover la democracia participativa en todo momento.

Los parlamentos ya no son los únicos lugares en donde se debate. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías han llevado la discusión democrática a todos los lugares y niveles.

De igual manera, el ejercicio del poder y los partidos políticos no deben ser espacios cerrados a la participación popular, es decir, a la auténtica y permanente democratización, sino continuar como ámbitos en los que se promueva la inclusión a través de procedimientos de democracia directa y de selección de aspirantes.

Esta reforma privatizadora, que fue un regalo de las élites políticas a las grandes empresas extranjeras, no se habría concretado de no ser por los sobornos millonarios entregados a legisladores (con notables excepciones) de los distintos partidos, que no tuvieron de otra que esconderse en distintos salones y sedes para poder sesionar y aprobarla de manera ilegítima, y eso sin hablar de la posterior aprobación en los congresos locales, que la sacaron positivamente, como en el caso del Congreso de Nuevo León, en tan solo tres minutos, o en el caso del Congreso de Puebla, que la aprobó en tan solo 12 minutos: sin discusión, con ausencia de trámite, silenciando las voces en contra.

A pesar del evidente fracaso de la reforma, que llegó bajo la promesa de bajar el precio de la luz para las familias, y lo aumentó cerca de un 40 por ciento, hay quienes hoy se resisten a dar marcha atrás, y ahora aprovechan los medios para difundir mentiras; o hacer campañas de desinformación en las redes sociales. En verdad, lo que ellos defienden, es que el Estado Mexicano, es decir, todas y todos nosotros, sigamos pagando cientos de miles de millones de pesos anuales a empresas extranjeras por servicios que no ofrecen, por contratos amañados, o por privilegios económicos y fiscales.

Mientras tanto, la CFE, una empresa pública que nos pertenece a todas y a todos los mexicanos y que es el principal productor de energía limpia en México, solo puede operar al 50 por ciento de su capacidad por culpa de esta reforma, y además, tiene que subvencionar estas pérdidas para que las grandes empresas extranjeras obtengan beneficios exagerados, y para que ciertas empresas paguen la luz cuatro veces más barata que las familias, como Oxxo, que además, escudados en el autoabasto, le cuestan al estado mexicano otros siete mil 500 millones de pesos adicionales al año, por la condonación del pago de las redes de transmisión eléctrica: negocio redondo.

En la propuesta hecha por López Obrador, también se solicita que la transición energética, el proceso que nos permite avanzar masivamente hacia energías más limpias, sea elevada a rango constitucional para que sea encabezada por el potencial de CFE. Por nuestra parte, seguiremos informando sobre el contenido de esta reforma eléctrica en cada rincón del país.

Esta reforma está diseñada para proteger a un sector estratégico y salvaguardar la seguridad nacional, para que México no dependa de empresas extranjeras para cubrir su demanda eléctrica, y para que no sean estas mismas empresas extranjeras las que impongan el precio de la luz, como ocurre en España, donde ha subido el costo de la luz un 500 por ciento en unas pocas semanas por capricho de estas empresas privadas, que aún con esta reforma conservarán un nada desdeñable 46 por ciento del mercado para los privados. Rentabilidad e inversión sí, pero sin abusos, y bajo la rectoría del Estado Mexicano.

En la propuesta hecha por el presidente López Obrador, también se solicita que la transición energética, el proceso que nos permite avanzar masivamente hacia energías más limpias, sea elevada a rango constitucional para que sea encabezada por el potencial de CFE. Por nuestra parte, seguiremos informando sobre el contenido de esta reforma eléctrica en cada rincón del país y en los medios y redes sociales, para que detengamos, con el apoyo de todas y todos, este saqueo multimillonario, y recuperemos la soberanía sobre nuestro sector eléctrico, porque solo así, podremos garantizar el derecho a la electricidad para todas las familias.